Más del 30% de las familias a las que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha otorgado una beca de comedor acreditó en su solicitud ingresos de 0 euros al mes y casi el 40% presentaron recursos mensuales inferiores a 10 euros --un 4% con ingresos negativos y otro 4% que percibieron en el 2011 entre 0 y 10 euros--.
Los datos, analizados por la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (Fapar), suponen que más de 1.700 de los 4.324 niños aragoneses a los que, de forma provisional, se le ha asignado beca, ni siquiera pueden hacer frente a la cantidad que la ayuda de la Administración no cubre --la beca ofrece 90 euros mensuales pero el coste del servicio es de 96--. "Es demoledor. Estamos hablando de personas a las que se obliga a asumir 210 euros al año cuando no tienen ingresos", denunciaron los padres, que prevén "renuncias en cascada y problemas graves en los colegios" a partir de septiembre.
AMPLIACIÓN
La indignación de Fapar alcanza tanto a las "condiciones restrictivas" impuestas en la orden de asignación --se excluía de las becas de comedor a ingresos superiores al IPREM (530 euros al mes) por unidad familiar-- como a la promesa realizada desde el departamento de que la ayuda llegará a todas las familias que cumplan los requisitos pese a que, inicialmente, se ha otorgado solo a algo más de 4.300. "Es una locura imponer esa cantidad miserable, así como decir que se ampliarán las becas cuando se presente la documentación que falta en algunos casos porque mucha gente no va a poder aportarla ya que no dispone de ella y, además, se le obliga a hacerlo por vía telemática", indicaron desde la asociación que, junto a otros colectivos, ha recurrido la orden y estudia presentar un contencioso administrativo a la Justicia ordinaria.
Por eso, el presidente de Fapar, Juan Ballarín, exige la intervención de la presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, para llevar las ayudas a más familias. "Debería ejercer y resolver este asunto sin mirar hacia otro lado" y reclama que gobierne "para toda la población y ayude a estas familias porque estamos ante una situación de crisis muy delicada".
Desde varias familias contrarias a la instauración del programa se aseguró que la digitalización de textos es "una buena forma de minimizar costes", pero denunciaron la forma elegida por la Administración "recayendo exclusivamente sobre las familias y son demasiados interrogantes como para que un grupo de familias se presten a ser conejillos de indias y nadie debe cuestionar por eso el grado de implicación que estas tienen en la educación de sus hijos".
El departamento, por su parte, advirtió de que fue el centro educativo el que mostró interés por la aplicación del programa y se recordó que su puesta en marcha estaba condicionada a la aprobación por parte del Consejo Escolar.
