Podemos presentó ayer en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para debatir la necesidad de reconocer a los integrantes de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) la categoría de bombero profesional, una reivindicación histórica y nunca atendida de este organismo estatal que, además de mejoras salariales, conllevaría sobre todo reconocimiento de derechos laborales a la hora de disfrutar de bajas por enfermedad o situaciones de segunda actividad.
Coincidiendo con la presentación, los diputados de Podemos Pedro Arrojo, en el Congreso, y Andonio Corrales, en las Cortes de Aragón, visitaron la base de la BRIF de Daroca, en la que, como explicaba el segundo, pudieron constatar que la supuesta «élite» del combate de los incendios forestales ha de subsistir en muchos casos con nóminas de 900 euros.
En el caso concreto de la base darocense, los diputados podemistas comprobaron también las malas condiciones de habitabilidad en las que trabajan los efectivos. Una situación que también llevan tiempo señalando, y que igualmente queda sin solución.
El problema en este caso son las competencias. Y es que, dada la estructura mixta de estas brigadas, los efectivos y helicópteros, y en teoría el equipamiento de los brigadistas, corren a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, que los gestiona a través de la empresa pública Tragsa. Pero las instalaciones de la base zaragozana las pone el Gobierno de Aragón.
La cuestión que, por este baile de competencias, ambas administraciones se lanzan la pelota de a quién corresponde mejorar las condiciones.
COMPETENCIAS A RATOS
Los diputados de Podemos pudieron comprobar ayer una derivada de este conflicto competencial. Porque si el ministerio, habitualmente, alega que las instalaciones son de la DGA y que ella cargue con los arreglos, para la visita de ayer la competencia de autorización era suya, y «lamentablemente» no podían concederles la autorización al solicitarla con poco margen de tiempo y estando ya en plena activación máxima de medios. Finalmente pudieron obtener permiso de la DGA, titular de las instalaciones, que sin embargo alega que la base es de un cuerpo ministerial, y que la financien ellos.
Mientras nadie asume los arreglos, según les detallaron los brigadistas, ellos han de soportar las condiciones de hacinamiento en la base, con un deteriorado espacio para la formación, los vestuarios pequeños y con duchas que apenas funcionan -y que han de reparar ellos- y construcciones deterioradas. Unas instalaciones que se suman a las condiciones laborales que soportan, por las que los brigadistas, bajo el lema de BRIF en lucha, llevan años protestando.
