El agua y el enchufe de la térmica de Andorra van a constituir los elementos centrales del plan de reactivación económica de la zona, el denominado convenio de transición justa. Sobre este segundo activo -la capacidad de evacuación eléctrica de la central turolense, que quedara liberada con el cierre-, la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, anunció ayer en Zaragoza que establecerá una «regla especial» para que la explotación de este recurso se asigne por un procedimiento de subasta o concurso al «mejor proyecto» renovable (o varios en su caso) en términos de generación de empleo y actividad económica en el territorio afectado por el fin de la industria del carbón.
Esto supone un cambio de criterio respecto al planteamiento inicial recogido en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se preveía que los actuales titulares de las centrales de carbón (Endesa en el caso de Andorra, de 1.050 megavatios de potencia instalada) pudieran intercambiar esa capacidad de acceso y conexión a la red eléctrica con nuevas instalaciones de renovables.
APOYO AL GOBIERNO DE ARAGÓN
De esta manera, el ministerio da la razón al Gobierno de Aragón, que emprendió una guerra contra la eléctrica al anunciar el cese de la térmica y llegó a recurrir el borrador de la norma para que esta concesión se hiciera por un procedimiento de concurrencia competitiva. Esta fórmula también fue recomendada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en una circular del pasado mes de junio. Con la regla actual, la capacidad de evacuación se asigna «al primero que llega», explicó la ministra, que consideró necesario un cambio normativo específico para las zonas en transición a fin de «reforzar el sentido social y económico» de un activo que durante un largo periodo ha estado asociado a esos territorios. «No hay atribución lineal a una empresa u otra, no es esa la función del Gobierno», precisó durante su comparecencia ante los medios de comunicación acompañada por el presidente de Aragón, Javier Lambán.
Esta fue la gran novedad de la visita de Ribera en la jornada, en la que el ministerio quiere dar el pistoletazo de salida al proceso de elaboración del convenio de transición justa para las comarcas de Sierra de Arcos-Andorra y Bajo Aragón.
Tras un primer encuentro con Javier Lambán, al que también asistieron los consejeros de Industria y de Agricultura, Arturo Aliaga y Joaquín Olona, presidió una reunión de trabajo para el impulso del plan de reactivación. En ella participaron alcaldes de las cuencas mineras y representantes de empresas, sindicatos y asociaciones de la zona, entre otros agentes.
EL CONVENIO LLEGA TARDE
La ministra reconoció que el convenio llega tarde -su firma está prevista entre mayo y septiembre del 2020-, pero lo atribuyó a la interinidad del Gobierno de España y las sucesivas convocatorias electorales. «No hemos ido todo lo deprisa que habíamos querido», se justificó.
Tampoco dio detalles sobre la cuantía económica que llegará a Teruel dentro del fondo general de 600 millones que el Gobierno central quiere movilizar, a través de las diferentes actuaciones emprendidas y en planificación, para mitigar los efectos de los territorios afectados por procesos de descarbonización.
La concesión hidráulica con que cuenta la térmica andorrana, procedente del embalse de Calanda, es el otro gran activo del que el ministerio quiere sacar partido para generar riqueza y actividad en la zona. Sobre su uso, Ribera se limitó a señalar que el «protagonismo» en esta cuestión corresponde al ayuntamiento de la villa minera. De hecho, el consistorio ya ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que este aprovechamiento de agua del río Guadalope revierta en el municipio, cuyos polígonos industriales tienen además limitaciones de este recurso, al menos hasta que se ejecute la segunda fase de la elevación de aguas del Ebro, un proyecto que a buen seguro formará parte del convenio de transición justa.
DEFENSA DEL TRABAJO HECHO
Ribera defendió el trabajo realizado en el último año desde su departamento para ofrecer alternativas al monocultivo del carbón y ensalzó el trabajo desarrollado «codo a codo» con los ayuntamientos y agentes locales de las zonas afectadas. La ministra aseguró que el Gobierno ha planteado con «honestidad» y «compromiso» una transición justa para los enclaves que han sufrido cierres de minas o térmicas de carbón, un proceso «traumático» al que confió que puede paliar por medio de los citados convenios.
Sobre esta figura, explicó que se trata de fijar una agenda de prioridades, que sea fruto «del diálogo social e institucional», donde se identifiquen «las mejores oportunidades que garanticen el empleo, la actividad industrial y económica» de la zona en transición. En paralelo, apuntó que el Gobierno activará en comarcas como Andorra los «instrumentos económicos» que tiene a su alcance, como el programa Reindus (reindustrialización), los incentivos regionales de Hacienda, las inversiones en renovables del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) o los recursos procedentes de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de CO2. Estos incentivos se sumarán a las ayudas «clásicas» del Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), que ha previsto destinar un total de 15 millones a la restauración de las tres últimas minas de carbón de la provincia de Teruel (el 90% de este dinero serán para la de Ariño). La ministra subrayó asimismo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja «intensamente» en Europa para captar fondos adicionales para la transición justa de las zonas carboníferas en España, tanto presupuestarios como asociados al BEI.
Sobre el desmantelamiento de la central, afirmó que el ministerio «vigilará» que Endesa cumpla el compromiso de recolocar a su plantilla y de favorecer a una salida para el personal de las empresas subcontratas.
