El rostro serio de la consejera de Economía de la DGA, Marta Gastón, antes de atender a los medios ya hacía prever que la reunión mantenida ayer con Endesa no había sido todo lo fructífera que se esperaba. Todo hacía pensar que la cúpula de la eléctrica iba a presentar, y a detallar, los planes que tiene para intentar compensar el cierre de la térmica de Andorra, que dejará de funcionar en junio del 2020. No fue así. El consejero delegado de la compañía, José Bogas, no presentó ningún documento físico ni concretó ningún proyecto tangible más allá de las inversiones en renovables anunciadas en los últimos meses y de los empleos que conllevará el desmantelamiento de la central. «Hay muchas ideas pero tenemos que ir estudiándolas», aseveró Bogas.

Su visita a la sede de la DGA pareció más un intento de apaciguar los ánimos de todas las partes implicadas que cualquier otra cosa. Sin embargo, su falta de concreción podría generar el efecto contrario, porque los sindicatos ya adelantaron que no descartan nuevas protestas a corto plazo si no se presentan garantías de futuro para la comarca.

Como no podía ser de otra forma, la consejera Gastón calificó de «insuficiente» el «borrador» planteado por la eléctrica. «Falta concreción; no nos vale con que nos trasladen su buena voluntad», indicó. Un mensaje muy similar trasladaron los alcaldes de Andorra y Ariño, Sofía Ciércoles y Joaquín Noé, y los representantes sindicales. «Puede que las voluntades sean buenas, pero no se ha concretado nada», subrayó Ciércoles, que quiso dejar claro que «las renovables y el desmantelamiento de la central no dejarán empleos fijos a futuro».

CONTINUIDAD DE LOS EMPLEOS

Con todo, Bogas prometió inversiones «importantes» en Andorra y volvió a garantizar la continuidad (a través de recolocaciones) de los 153 empleos directos que tiene Endesa en la térmica de Andorra. Otra cosa será lo que ocurra con los 200 trabajadores de las contratas. A este respecto, insistió en que a estos empleados se les dará prioridad en las labores de desmantelamiento y cierre de la central, que se prolongarán entre cuatro y seis años y generarán alrededor de 130 empleos, con puntas de hasta 200. También indicó que a estos trabajadores se les formará para este cometido.

Sea como sea, Bogas reconoció que el plan de acompañamiento no permitrá compensar «toda la actividad» que generaban la térmica y el carbón en Andorra e indicó que la intención es «paliar los efectos».

Tras salir de la reunión, que se prolongó durante tres horas, el consejero delegado de Endesa señaló que su intención es presentar el citado plan de acompañamiento al ministerio la próxima semana. «En cuanto lo presentemos a las autoridades lo detallaremos más», dijo Bogas, quien no obstante apuntó que el deseo de la eléctrica es que sea un plan «abierto y vivo» en el que se escuche a todas las partes y que se irá perfilando en las próximas semanas.

Asimismo, el consejero delegado señaló que la intención de la empresa es presentar la solicitud formal de cierre de la térmica antes del 31 de enero, seguramente la próxima semana. Gastón, por su parte, insistió en que el ministerio no lo autorice hasta que no presente un plan de acompañamiento con garantías.

ALARGAR LA VIDA DE LA CENTRAL

En este sentido, la consejera Gastón se resiste a tirar la toalla y dijo que desde la DGA seguirán luchando para alargar la vida útil de la térmica más allá de junio del 2020 porque «existen posibilidades técnicas y jurídicamente válidas». Para ello, la planta tendría que limitar su actividad a 1.500 horas y solo funcionaría cuando el sistema eléctrico nacional así lo requiriera. Todo ello no exigiría la inversión millonaria por parte de Endesa para reformar la térmica. Una solución por la que también abogan los sindicatos.

No obstante, y aunque indicó que «nunca hay que descartar nada», Bogas reconoció que es «muy escéptico» de que esta fórmula «sea viable».

Con todo, el consejero delegado de la eléctrica insistió en el «compromiso» de Endesa con la comunidad. Así, recordó los proyectos de generación eólica y fotovoltaica que está desarrollando con la potencia adjudicada en las subastas del Gobierno central.

En los dos concursos renovables del Ministerio de Energía celebrados en el 2017, Enel Green Power (la división de energías renovables de Endesa) se hizo con un paquete de 540 megavatios (MW) de eólica, de los que más del 75% (413 MW repartidos en 13 parques de viento) se van a levantar en Aragón. De hecho, varios de estos proyectos ya están en obras. También se asignó otros 338 MW de fotovoltaica, una parte de los cuales se ejecutarán asimismo en la comunidad, aunque la firma no ha precisado ni la cantidad ni la ubicación.

La inversión prevista por Endesa para materializar los 878 MW adjudicados en las subastas asciende a 752 millones y el objetivo de la compañía es cubrir el 44% de esta inversión con la ayuda del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo financiero de la UE. Los proyectos renovables de Endesa deben entrar en operación antes de que acabe el año 2019 para acceder al régimen retributivo regulado que marcaban las subastas.

Tanto la DGA como los sindicatos y los municipios ya han advertido a la compañía en más de una ocasión que no se conformarán con actuaciones solo en energías verdes, ya que de esta forma no se cubriría el impacto que supondrá el fin de la industria del carbón. El presidente Lambán ha sido categórico al señalar que Endesa está «a las maduras pero no a las duras», al tiempo que ha criticado que la energética ha obtenido pingües beneficios en Aragón. La compañía, que cerrará el ejercicio con 1.400 millones de beneficio, debería haber invertido 200 en la central para asegurar su continuidad.