La despoblación y el envejecimiento se han colocado en la primera línea del debate político. Pero sin embargo, las decisiones concretas para frenar sus consecuencias siguen sin llegar. El Gobierno de Aragón se sumó esta semana a un frente común con Castilla y León, Asturias, y Galicia para que estas dos cuestiones sean «prioritarias» en la futura definición de un modelo financiero para las comunidades. Por el momento, junto con la dispersión de la población, estos factores están encareciendo significativamente las facturas que se pagan por los servicios prestados.

El envejecimiento de la población en Aragón es más acusado que en otras comunidades y solamente las otras tres y el País Vasco marcan datos superiores en esta cuestión. Así, si las personas con 65 años o más en España son el 18,6% de la población, en Aragón suponen el 21%. Y eso afecta de forma directa en la prestación de servicios como la educación, la sanidad o la dependencia.

Según los cálculos que ha aportado esta semana la DGA, la elevada edad de la población aragonesa en su conjunto supone un sobrecoste del 10,23% en el gasto farmacéutico por persona en relación con el nacional. Esto hace que la partida para estas cuestiones sea una de las más elevadas en los presupuestos autonómicos y que exista un compromiso para tratar de racionalizar el gasto. Pero es difícil poner diques ante una realidad tozuda: el colectivo de mayores de 65 años acapara el 66% del gasto farmacéutico cuando solo supone el 21% del total de aragoneses.

asistencia sanitaria / La dispersión y el elevado número de municipios con poca población son otros de los factores para los que el documento conjunto firmado en la ciudad de León reclaman una solución en la financiación estatal. En Aragón el 16% de la población con derecho a asistencia sanitaria vive en núcleos urbanos pequeños, donde es atendida a través de una extensa red de consultorios dependientes de los centros de salud. En concreto, 118 centros de salud y 866 consultorios locales.

Esto supone es un quebradero de cabeza a lo hora de garantizar la asistencia más elemental y a veces no se consigue. Los responsables sanitarios tienen que atender a la vez a varios núcleos poco poblados y distantes entre sí. De este modo en la comunidad se triplica el porcentaje nacional de sanitarios con menos de 500 usuarios asignados. En Aragón el 19% de los médicos tiene a su cargo menos de 500 pacientes y en el conjunto del territorio nacional, solo el 6%.

educación / Algo parecido sucede con la financiación de la educación, sobre todo en los ciclos inferiores. Y más desde que por una decisión política se consideró prioritario mantener abiertos centros aunque solo tuvieran inscritos cuatro alumnos o en algunos casos puntuales, si existe previsión de crecimiento, incluso con tres. Por este motivo el coste por escolar de un colegio rural de Teruel asciende a 8.000 euros, frente a 3.000 en un centro de la capital aragonesa.

El tercero de los servicios que se ve lastrado por el gran número de personas mayores en la dependencia. Y en este caso el problema todavía está más vinculado a la financiación estatal. La DGA calcula que el año pasado aportó 200 millones de euros en este apartado, de los que el Ejecutivo central solo ha puesto 31, es decir, el 16% frente al 50% al que estaría obligado por los acuerdos legislativos.

más dependientes / La cuestión de la dependencia preocupa especialmente a largo plazo. Sobre todo si se mantiene la tendencia al alza por la que en esta legislatura se han atendido a 9.000 dependientes más que en la anterior. «Aragón ha sido la comunidad que más ha avanzado en cuanto a número de personas atendidas y ha pasado de ocupar el último puesto en la anterior legislatura a superar la media nacional», indican desde la DGA.

Con estas cifras las cuatro autonomías esperan hacer frente a las comunidades que apuestan por hacer valer su población en la negociación estatal. Valencia ya ha considerado «marginal» el problema de la despoblación. La batalla va a estar mucho más allá de las siglas políticas y no será fácil conciliar los intereses de todas las comunidades autónomas. Rajoy ya se ha comprometido. Ahora falta ver cómo se hace.

ZARAGOZA

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