-Inicialmente solicitaban 191 años en total, pero después del acuerdo esta cifra ha bajado de forma importante. ¿Cómo se explica?

-La legislación permite a las personas que reconocen los hechos se les atenúe su responsabilidad penal. Desde Anticorrupción lo que se procura es la recuperación del dinero público malversado, no la venganza. De poco sirve la imposición de penas de prisión si no se recupera el dinero que va destinado a los servicios públicos de Aragón.

-¿Iba a ser difícil recuperar el dinero?

El principal problema en los delitos de corrupción es precisamente la recuperación del dinero. En este caso se ha conseguido.

-No obstante, solo dos van a ir a prisión y eso en la ciudadanía puede no entenderse.

Estamos investigando hechos muy antiguos, que se remontan al 2002 y que han sido objeto de juicio en este 2018. Difícilmente se puede explicar a los aragoneses que una persona pueda entrar en prisión 16 años después de cometer un delito e insisto en lo más importante, que se ha podido recuperar el dinero.

-¿Fue complicado el acuerdo? El domingo lo rubricaban a altas horas de la noche.

-Fue complicado porque detrás del mismo está el reconocimiento de hechos, la recuperación del dinero, la imposición de penas justas y evitar también la descapitalización innecesaria de los acusados.

-Algunos abogados han sido críticos con ustedes por el acuerdo...

-La Fiscalía Anticorrupción está perfectamente localizada. Y en este caso, desde la primera suspensión del juicio ha sido público y notorio el hecho de que determinados abogados defensores estuvieran negociando con nosotros. Nunca la Fiscalía Anticorrupción cierra la puerta, ni en este caso ni en otros a posibles acuerdos o negociaciones. Siempre prima la recuperación del dinero público.

-El proceso continuará contra cinco personas que no suscribieron ayer el acuerdo. ¿No están indefensas?

En modo alguno, la conformidad alcanzada con los acusados no solo es un derecho de ellos, que los poderes públicos tenemos que atender, sino que se acuerda en términos de legalidad absoluta sometidos al control de las defensas y del tribunal.

-Este caso saltó a la luz en el 2013 tras una denuncia de un trabajador de Acciona, Francho Chabier Mayayo, y el exgerente de Plaza Jesús Andreu. ¿Se pensaban que iba a acabar así?

Desde el principio hemos contado con un equipo de la Policía Nacional que investigó con extrema profesionalidad y competencia. Gracias a ellos y al juez instructor José Ignacio Martínez se concluyó una investigación que tiene un reconocimiento procesal en la conformidad alcanzada. También hay que reconocer a las personas que antepusieron sus intereses personales y profesionales como Mayayo y Andreu y decidieron denunciar la corrupción. Estamos muy satisfechos por este resultado.