Resulta complicado elegir una imagen que simbolice lo que han representado para la capital aragonesa dos años de mandato del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). Siendo uno de los llamados gobiernos del cambio en España, se ha caracterizado precisamente por eso, por crear y rodearse de símbolos. Tanto que sus éxitos de gestión, que los ha tenido, quedan permanentemente eclipsados (o al menos contrarrestados) por sus sonoros fiascos, en el salón de plenos y en los tribunales. Y a la espera de que en el 2019 el ciudadano decida si algo ha cambiado, y si a mejor o a peor, lo que es seguro es que sus apuestas de calado hoy son imposibles, por falta de diálogo, incapacidad o una oposición política cerrada a sus ideas. Y también lo es que para él no hay recambio, porque quienes le auparon, PSOE y CHA, no facilitarán un gobierno alternativo que le sustituya.
Así avanza Zaragoza, amaneciendo un día con banderas en el balcón consistorial y otro queriendo arrebatarle a la Iglesia la titularidad de La Seo y La Magdalena. O asistiendo el rocambolesco espectáculo que se formó con el pabellón Príncipe Felipe. Este se quiso rebautizar para ensalzar la figura del fallecido técnico del CAI, José Luis Abós, pero el aditivo político de ir contra la monarquía acabó con la decisión sin respaldo político en el pleno y con una imposición vía decreto que acabó parando un juez. Hoy siguen vigentes las medidas cautelares impuestas cuando los operarios cubrían de pintura el nombre del hoy rey de España.
El alcalde Pedro Santisteve reconocía el mes pasado que quizá subestimaron al llegar al ayuntamiento el poder de quienes les han llegado a arrinconar. Pero es que sus frentes abiertos se multiplican y donde no llega la guerra dialéctica, aparece el principio de legalidad y la Justicia. Esa que tantas tardes de gloria le ha proporcionado con la corrupción del PP en el país, es la misma a la que ellos han acusado luego de «intencionalidad política». Lo hicieron cuando, por ejemplo, mantenía como investigado al concejal Alberto Cubero por el accidente en la carpa de la cerveza en las pasadas fiestas del Pilar. O cuando dio al traste con su intento de imponer la municipalización del servicio de atención telefónica, el 010, también suspendida. O el pacto convenio que volvía a las 35 horas semanales.
Cómo llevar al naufragio estas apuestas es hoy el paradigma. Y ahora toca el de las zonas verdes. Al ciudadano le llega un aluvión de datos: ahorro económico, mejora del servicio, mayor control del gasto y subrogación del personal. Sus razones no recolectan apoyos porque, mientras crecen exponencialmente los informes técnicos y jurídicos cruzados, la mesa de negociación sigue vacía.
El final de cada intento se repite sistemáticamente: ZeC diciendo que no le dejan y el resto asegurando que es incapaz de llegar a acuerdos. Tan repetitivo resulta que el ciudadano se puede llegar a preguntar si no será que a Cubero le sale más a cuenta proyectarse como mártir a manos de los verdugos de la oposición que renunciar a algo de lo que su plan implica. Por ejemplo, el acceso a la función pública de esos miles de trabajadores que hoy pertenecen a contratas a las que, por ideología, él ya está enfrentado. FCC, las filiales de la multinacional de Florentino Pérez, el Grupo ADO y, por extensión, Avanza Zaragoza... Municipalizar sin subrogar no entra en los planes de ZeC pero hacerlo es lo único que le genera problemas. No hay salida.
En ese contexto se podría explicar que la huelga más larga de la historia de la ciudad haya sucedido bajo el mandato de Santisteve. Con otra imagen de esas simbólicas que se recordarán: el alcalde en una asamblea de trabajadores de AUZSA mientras los usuarios sumaban hasta cuatro meses de paros en el servicio. La oposición lo tenía claro: ZeC era víctima de las expectativas creadas de municipalizar el servicio o de rescatarlo. Dar marcha atrás a esa promesa bien merecía el escarmiento público. Al final, se firmó la paz, el bus tardó un año en volver a las cifras habituales de uso y se proyectó la imagen del mediador, Juan García Blasco, que se hizo famoso por cobrar 40.000 euros por 15 días de trabajo.
El Gobierno de ZeC navega en minoría por una hoja de ruta que a veces impone él y otras le llegan del exterior. Por ejemplo, su cerrada oposición al plan especial de los suelos de Pikolín para levantar otro complejo comercial, el outlet de Torre Village, que sí salió adelante; o el derribo de la antigua factoría de Averly, en el paseo María Agustín, que las máquinas acabaron demoliendo en julio del 2016. Son símbolos de una imposibilidad de cambio.
Pero se ha perdido más tiempo en buscar culpables de ese «bloqueo» que en hacer autocrítica de si existen alternativas no exploradas o si el diálogo y su capacidad negociadora fue la más adecuada. En el punto de mira, PP, PSOE y Ciudadanos (C’s), el «tripartito que gobierna desde la oposición», según lo define. Ver a los socialistas en esa foto hoy, dos años después, ya no es tan raro. Al principio llamaba la atención, pero su importancia se ha devaluado con casos como la modificación del reglamento de protocolo que intentó ZeC en el 2015 y, desde entonces, nunca más se supo. O con el fiasco más sonoro de la legislatura: Ecociudad.
La sociedad municipal que gestiona el saneamiento ha llevado a ZeC a la más absoluta soledad y debilidad. Comenzó el mandato con una visita sorpresa a la depuradora de La Almozara de los ediles Alberto Cubero y Teresa Artigas, la misma cuyo mantenimiento se intentó municipalizar y acabó saliendo a concurso porque no obtuvo los apoyos necesarios. Se vieron indicios de delito que el propio Santisteve llevó a la Fiscalía sin pasar por el consejo de administración y acabaron archivados por un juez. Y, en paralelo, se intentó el cese del actual gerente, Miguel Ángel Portero.
Pero el boomerang volvió envenenado y desembocó en una comisión de investigación en la que se concluyó que podrían ser acusados de coacciones y acoso laboral al gerente, administración desleal y ocultación y utilización deliberada de documentación por interés propio. Sea como fuera, de nuevo actuó en solitario y sin buscar apoyos antes para ser en algo mayoría. Y eso que llevar durante varios días la etiqueta de ser el alcalde de la gomina (cuando cargó a las arcas públicas la compra de un fijador para su despacho) parecía haberle hecho tomar conciencia de la trascendencia de ser alcalde.
Así que no es de extrañar que, con tantos enemigos dentro, los acuerdos se fragüen fuera. Una de las imágenes de legislatura será, sin duda, el apretón de manos del presidente aragonés Javier Lambán y Pedro Santisteve desbloqueando la ley de capitalidad. Hoy ya está en las Cortes para el trámite parlamentario. En lo bueno y en lo malo, será histórico para la ciudad.
También el encuentro con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que sirvió para desatascar la cesión de la avenida Cataluña a Zaragoza o impulsar los trámites que permitirán realizar la ansiada prolongación de Tenor Fleta. Son logros importantes para la capital aragonesa, que el tiempo dirá en qué se traducen. De momento, solo es un apretón de manos. Otro símbolo.
También se han conseguido avances en la reforma del Mercado Central que, salvo catástrofe, estará en obras el año próximo y podrá estrenarse en el 2019. Una cinta que se sale de ese «urbanismo de las cosas sencillas» que afectan al día a día de los distritos con actuaciones de menor calado que algunos consideran que debería estar más entre sus obligaciones ordinarias, no entre sus méritos de gobierno. Sin embargo, ahí figura un plan de remodelación de los mercados tradicionales, mejoras de accesibilidad, de reducción de consumo energético, etcétera. Y una operación baldosas que, de nuevo, está paralizada por colisionar con la legalidad y la imposibilidad de reservar este contrato a empresas de economía social.
Se colocan junto a otros de más relumbrón, como será, si es que se hace, la remodelación de los antiguos depósitos de Pignatelli, reconvertido en espacio verde, con nuevos equipamientos de barrio y... pisos. Sí, porque ZeC, que ha implantado con éxito un programa de captación de vivienda vacía y aspiraba a aumentar a 5.000 el parque público, también ha descubierto la edificación como fórmula para financiar proyectos. Y eso le acerca a un PSOE que, por contra, no le deja desatascar el cuartel de Pontoneros.
Entre tanto, consulta al vecindario. Porque otro de sus éxitos es la participación, entendida a su manera. Quedará para siempre que los primeros presupuestos participativos se hicieron bajo su mandato. Con poca gente votando y dudas a apostillar, pero ya existe una herramienta para decidir el destino de 5 millones de euros del presupuesto. O un trazado para la línea 2 del tranvía. Aunque siga sin fijar las reglas del juego y que se vote todo lo que cumpla los requisitos. Un reglamento para el que, de nuevo en minoría, sigue varado. Pero la participación le ha permitido, además, consensos con el tejido cultural y social, otro de sus logros, para decidir en común.
Las cuentas es lo que mejor funcionan en ZeC. Se han saneado, se han acabado las infradotaciones en el presupuesto y financiarse con las contratas, y se ha reducido la deuda con los bancos en más de 100 millones. A los de «la usura» que en Zaragoza Alta Velocidad había que dejar de pagar, ahora no solo se les paga sino que, además, se negocia y se pacta seguir pagando a más años. Porque hay cosas que nunca cambian aunque te llames ZeC.
