-¿Confía en un acuerdo en cuestiones de financiación autonómica tras su reunión con el presidente Mariano Rajoy del pasado miércoles?

-Mi obligación es ser optimista. Puede haber un acuerdo aunque los indicios, datos y evidencias no inviten a ello. De hecho, Rajoy habla de convocar el consejo de Política Fiscal y Financiera, pero yo le pedí que acudiera con una propuesta firme encima de la mesa. Y eso no está tan claro, algo que sería un incumplimiento sobre el compromiso que adquirió en la pasada conferencia de presidentes.

-Se ha discutido mucho su afirmación de que pactaría una reforma aunque en Cataluña no se forme un gobierno y esta siga bajo el control del 155. ¿Se arrepiente de haberlo dicho?

-Por una cuestión de principios lo mantengo. No puede ser de que además de condicionar la política española todo lo que ya lo está haciendo, pues está poniendo en evidencia una serie de quiebras en el propio modelo de estado y en la propia ida de España como nación, solo falta que todo se atasque porque en Cataluña no haya gobierno, cuando da la impresión de que son los propios independentistas los que quieren que no haya un gobierno. Por tanto, la política española tiene que tratar de restaurar la normalidad por todos los cauces.

-Pero esa invocación al 155 puede ser una extralimitación de la función para el que fue concebido.

-Yo quiero que el 155 se deje de aplicar cuanto antes. Que la situación se normalice y haya un gobierno constitucional legalmente constituido. Ese es mi deseo. Otra cosa es que haya partidos y visiones de la política catalana que no buscan en modo alguno la normalización de la política catalana. Creo que Carles Puigdemont y muchos actos de la política catalana tratan de mantener por todos los medios una situación de excepcionalidad. No podemos paralizar la política del país porque unos señores en Cataluña hayan decidido paralizar la política catalana.

-¿Y la fórmula del PSC de un gobierno de concentración sería la formula que desatascaría esta situación de parálisis institucional en Cataluña?

-Esa fórmula es absolutamente inverosímil e irrealizable. Me costaría mucho aceptar que nuestros hermanos socialistas en Cataluña, es decir lo más próximo que existe al PSOE en Cataluña, pactara un gobierno con partidos que tienen una hoja de ruta que conduce a la independencia en Cataluña. No sería entendido allí y fuera todavía menos.

-¿Y en el ámbito del PSOE federal existe también ese convencimiento de que no se puede pactar con independentistas?

-El secretario general, Pedro Sánchez, eso lo tiene absolutamente claro ahora mismo. Para el PSOE en el resto de España un pacto así sería algo letal.

-¿Sería compatible un sistema de financiación que protegiera a los terrenos despoblados y que al mismo tiempo atendiera a las necesidades de otros territorios con más crecimiento?

-Cada problema debe de tener su solución. El sistema de financiación tiene como objetivo asegurar los servicios públicos. Las situaciones de desempleo, de crecimiento por debajo de la media, este tipo de situaciones, creo que se pueden resolver de otra forma. La financiación se tiene que atener exclusivamente a costear los servicios de las comunidades. Y ahí entiendo que tenemos fundamentalmente razón ya que estamos hablando de que una plaza escolar, o una sanitaria, o gestionar políticas sociales, es infinitamente más caro en un territorio despoblado que en uno poblado. Y esa es una operación aritmética bastante sencilla.

-Pero el Gobierno de Aragón en esta legislatura, o al menos esto es lo que usted transmite, ha mejorado y ampliado los servicios sociales. ¿Quién tiene que pagar esa mejora y ampliación, la comunidad con sus propios recursos o el sistema de financiación?

-Fundamentalmente se tiene que buscar un sistema de financiación en el que se asegure la corresponsabilidad fiscal. Las comunidades tienen que usar los elementos que tienen a su disposición porque eso además las legitima para pedir al Gobierno de España que las financie como se tienen que financiar.

-¿Está a favor de una barra libre de impuestos?

-Estoy a favor de la armonización. Por ejemplo, lo que nosotros estamos planteando con el impuesto de Sucesiones no tienen que ver con renegar de uno de los tributos más justos del sistema fiscal. Grava a los patrimonios altos, porque en la práctica solo pagan el 5 o el 6% de los herederos directos. Pero claro, lo que no puede tener una comunidad es la situación desairada de ser la comunidad campeona en impuestos.

-¿Y por qué no actuó antes?

-Yo me planteé este problema cuando Andalucía y Extremadura dieron un paso que a mí me pareció desafortunado. Y además incumplía un acuerdo que habían adquirido de forma implícita en la conferencia de presidentes de tender a una armonización fiscal acordada entre todos. En el momento en el que ellos rebajan sustancialmente Sucesiones me quedo en una situación desairada porque me alejo de la media. No es que reniegue del impuesto. Es por el agravio que molestaba a la sociedad aragonesa.

-Se le está acusando de ser el mayor confiscador de los ahorros de los aragoneses. ¿Que le respondería al PP, que usa el argumento de forma recurrente?

-El PP está planteando este debate de una forma irresponsable. La fiscalidad habría que establecerla siempre, no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento de un modelo político y de prestación de servicios. Por lo tanto, cuando alguien propone una rebaja sustancial tendría que decir a continuación qué es lo que va a hacer al disponer de menos recursos. Lo de confiscador me parece una exageración y un dislate absoluto. En el mejor de los casos nosotros hemos llegado a recaudar anualmente 20 o 25 millones de euros más que el Gobierno anterior del PP, que por cierto, dijo que lo suprimiría y gobernó cuatro años y no lo hizo. Aquí se ha tenido una excesiva tentación de entrar en terrenos demagógicos. Y no han nada más fácil como caldo de cultivo que hablar de impuestos.

-¿Cree que la reforma del ICA estará lista de aquí al final de la legislatura?

-Los departamentos de Desarrollo Rural y Hacienda están elaborando una propuesta. Y valorando aspectos técnicos muy significativos de la propuesta de la RAPA. Tratan de modernizar el impuesto y de clarificar su cobranza. Ya he dicho muchas veces que engaña a los ciudadanos aquel que les dicen que están pagando dos veces por lo mismo. En Zaragoza se paga una parte por la depuración y otra parte para poder depurar aguas en todo el territorio. Y en total pagan bastante menos de lo que pago yo en Ejea. Es necesario un esfuerzo para no suprimir el elemento de la solidaridad, pues no habría otra forma de depurar en Aragón.

-El equipo de gobierno de Zaragoza no comparte estas impresiones, pues están llamando casi a una insumisión.

-Eso también me parece bastante irresponsable. El ICA no es un impuesto al Ayuntamiento de Zaragoza, es un impuesto que pagan en todo Aragón. Por tanto, es un interlocutor mucho más válido y legítimo el conjunto de los ayuntamientos que el de Zaragoza. Otra cosa es que yo esté dispuesto a hablar con el alcalde de Zaragoza en el marco de la comisión bilateral que deberíamos realizar cuanto antes, e incluso en conversaciones personales para tratar de eliminar en la mayor parte posible discrepancias.

-¿En qué punto se encuentra su relación con Pedro Santisteve?

-Mañana mismo lo llamaré. Me sabe malo decir que he tenido que esperar porque no ha estado hasta este momento en la ciudad. Y mi idea es, en la mayor medida posible, echar la pelota al suelo y tener un final de legislatura lo más templado posible.

-¿Qué opina de que el Ayuntamiento de Zaragoza haya apartado de la gestión de las sociedades públicas a toda la oposición, entre ellos a los que le dieron el Gobierno?

-Se dice que se ha hecho en estricta aplicación de la ley de capitalidad. Y seguramente será así. Aunque también hay quien piensa que ese artículo de la ley es inconstitucional, pero eso lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional. Ahora, una cosa es que la ley te otorgue unas posibilidades y otra es que las interpretes de una forma u otra o las ejerzas de una forma u otra. Yo desde luego, una decisión de esa naturaleza, por mucho que me ampare un artículo de la ley, no la hubiera tomado.

-¿Comparte la reacción, entre otros, del PSOE de salirse de los patronatos y no participar en la toma de decisiones de las sociedades como mecanismo de protesta política ante la decisión del alcalde?

-Los concejales del PSOE se sienten en una situación de impotencia permanente. El alcalde es alcalde porque ellos lo votaron.

-¿Se arrepienten ahora de haberles votado?

-Teníamos que hacer eso. La ciudadanía no esperaba otra cosa que no fuera que la izquierda pactara si tenía mayoría. Esto no se dirimió por percepciones personales o por apetencias. Era la única manera de respetar el mandato electoral. De hecho, Carlos Pérez Anadón pudo haber sido el alcalde porque tuvo ofertas de otros para ser alcalde. Y tuvo absolutamente claro que no lo podía aceptar.

-¿Tras ese momento su figura quedó quemada desde el punto de vista político?

-Pérez Anadón es uno de los políticos más valiosos de esta comunidad. No sé si está quemado o deja de estarlo. Pero lo cierto es que el papel que ha desarrollado en el ayuntamiento nunca se lo agradecerá lo bastante la ciudadanía, porque lo desconoce.