El exviceconsejero de Obras Públicas y exconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó, y el exalto cargo de la DGA Santiago Coello atribuyeron ayer a técnicos de la plataforma logística y de la empresa pública Savia las decisiones sobre la adjudicación de las obras de la nave de Caladero en el complejo y el control financiero de la obra.
Ambos comparecieron como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, cuya magistrada, Mercedes Ferrer, investiga la legalidad del aumento de 3,2 millones de euros que experimentó la contrata mediante una modificación y un acuerdo complementario firmados, según indica la denuncia de la Fiscalía, una semana después de haber formalizado la recepción de la obra.
Los trabajos bajo investigación --uno de los lotes en los que fue troceado el proyecto, a petición de Caladero, dijeron ambos-- fueron ejecutados por Conavinsa, del grupo Prainsa, y adjudicados por Plaza Desarrollos Logísticos (PDL) por 9,7 millones.
Las declaraciones de ambos, imputados como exadministradores mancomunados de PDL, coincidieron en lo esencial: la propuesta de adjudicación partió de técnicos de Plaza --Escó concretó en Miguel Ángel Pérez, exdirector técnico e imputado en la pieza principal--, el control financiero fue realizado por personal de Savia, ellos no estaban en PDL cuando el contrato fue modificado --Coello cesó el 1 de marzo del 2009 y Escó en abril de ese año, aunque siguió en la plataforma hasta enero del 2010-- y la obra no le ha costado un euro a las arcas autonómicas porque Caladero pagará su coste --PDL formalizó una hipoteca para financiarlo-- a través de una renta mensual de alquiler de 27 años prorrogable por otros tres.
También coincidieron en ensalzar el proyecto de Caladero porque iba a crear empleo y a elevar el tráfico de carga del aeropuerto de Zaragoza y en achacar la demora de nueve meses --duplicaba el plazo de ejecución-- en la entrega de la obra a una serie de requerimientos de seguridad efectuados por el ayuntamiento --incluyeron la construcción de un túnel y modificaciones en el sistema antiincendios-- y a la necesidad de reforzar el pilotaje de los muelles.
Conavinsa no fue penalizada por ese retraso. Según Escó, porque "no se podía" aplicar una penalización motivada por unas causas sobrevenidas no imputables a la constructora. Sobre la posterior modificación del contrato y el acuerdo complementario, Coello dijo no saber nada y Escó la atribuyó a los requerimientos de seguridad.
Escó, defendido por el letrado Juan Monclús, y Coello, representado por el abogado José Manuel Marraco, señaló que el hecho de que la obra fuera adjudicada por concurso y por lotes se debió a que Caladero solicitó determinadas especificaciones técnicas y, también, tener un control técnico sobre los trabajos.
El próximo 10 de febrero declararán como imputados en esta causa el exdirector financiero de Plaza, Pedro Colás --defendido por el letrado Jesús García-Huici-- y Pilar Valdivia --representada por el abogado Eladio Mateo Ayala--, administradores de PDL tras los anteriores.
