Mientras la familia Valdés Aranda empaquetaba, ayer por la mañana, toda una vida en bolsas y maletas, todavía no sabían dónde se acostarían en unas horas. "Esta noche aún no sé en dónde dormiremos", lamentó Francisco Valdés. Al final, acabaron durmiendo en casa de unos familiares, pero esta es solo una solución provisional.

Sumando los ingresos de los cuatro miembros que forman la unidad familiar, estos llegan a los 1.500 euros al mes, lo que les deja fuera de las ayudas sociales. Pero, al margen de ingresos, Josefina apenas puede moverse, y viven con un hijo con una enfermedad mental y otro discapacitado, lo que complica su situación. "Tenemos a otros dos hijos viviendo en Alagón, pero una vive en un cuarto piso sin ascensor y mi mujer apenas puede andar. Y el otro tiene un piso muy pequeño, y no cabemos todos".

Cuando, en octubre, la orden de desalojo quedó en suspenso por motivos humanitarios, el juzgado se puso en contacto con los servicios sociales para que pudieran reubicarlos. "Pero les dijeron que no reunían las condiciones para poder acogerse a un piso de protección oficial y, por lo tanto, se inhibieron", señaló ayer Begoña Cerezo, abogada de los hermanos que ahora poseen la casa de los Valdés.

Francisco asegura que aún aguarda a que estos le llamen. "Con ellos no he hablado nada. Aquí estoy esperando a que me digan cómo arreglar las cosas, porque yo ya se les he dicho unas cuantas veces desde hace más de diez años, antes de empezar con los juicios. Su madre me dijo que me avisarían con lo que fuera. Y sí, lo hicieron, con una carta de un notario en la que me decían que en dos meses tenía que salir de mi casa".