Si la oposición se ha hartado de criticar durante 16 meses la «ineptitud» y la «incapacidad» del equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), el resultado del informe de los servicios jurídicos sobre la propuesta planteada por PP, PSOE y C’s para imponer el outlet de Pikolín no les deja a ellos en mejor lugar. El informe jurídico que impide la exención a Pikolín del 10% del aprovechamiento desmonta muchos de los argumentos utilizados por ellos en el debate. Y evidencia que su apuesta era un auténtico regalo a los promotores de Torre Village. Decidieron hacer suyos los argumentos e informes de la empresa, dudando de los funcionarios, y lo han acabado pagando.
El final del callejón sin salida en el que se había convertido la aprobación del plan especial que blindaba el outlet ha terminado por sacar todas las inexactitudes de su discurso. Errores que beneficiaban solo a la empresa, no al consistorio.
El 10%, indiscutible
La supuesta exención que merecía Iberebro por permitir que sus suelos industriales --en zona H-- pudieran albergar usos comerciales en su nuevo destino no se sostiene. «Los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente coinciden en entender procedente que se exija la cesión», afirma el documento. Los que corresponden «aproximadamente al 66% de la superficie edificable ordenada». Dos de cada tres metros cuadrados, nada residual, como se defendía.
Respecto a la aplicación del criterio aprobado por el pleno en el 2009, recuerda que la ley del suelo y la de urbanismo de Aragón llevó al ayuntamiento a entender que «en algunas zonas de esta categoría de suelo, que hasta el momento se habían considerado exentas de la cesión, con base a la normativa anterior, procedía exigirla por resultar obligado» con la nueva legislación. Y que lo aprobado se basaba en la interpretación de que este tipo de suelos daban lugar a unos aprovechamientos «sensiblemente inferiores a los del resto del suelo urbano no consolidado de la ciudad», de uso estrictamente industrial.
Pero añade que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente «incluso en el grupo 4 que admite determinados usos terciarios no permite el uso comercial indiscriminado y el 3 solo admite unas pocas actividades de venta mayorista o minorista, restringiendo mucho los usos comerciales». Así que, pese a ser una decisión discrecional de los concejales, la normativa en zaragoza no permite precisamente barra libre a lo que quiera el promotor.
Puerto Venecia sí pagó
Sí cabía alguna duda de los precedentes, el informe deja meridianamente claro que los ejemplos puestos por PP, PSOE y C’s no son válidos. De Puerto Venecia dice que, si bien se le permitió albergar «otros usos comerciales» en sus suelos, también que «como es natural, cedía el 10% de aprovechamiento medio íntegro». Además de que «no hay ningún precedente de aplicación del criterio a plantes especiales en zonas H donde concurran estos otros usos concretos». Que lo diga C’s, que se estrena en el consistorio, o el PP, que lleva 13 años sin gobernar, se podría entender. Que lo afirme un PSOE que dirigió el Urbanismo 12 años, cuesta más.
Respecto a sus otros ejemplos usados en el debate, como Aceralia, Filtros Mann o Schindler, el informe es más contundente. Indica que Pikolín ha pedido que los costes de su traslado a Plaza afectaban a la rentabilidad de mantenerse su empresa en Zaragoza y, por tanto, debería incluirse en la valoración resultante de los suelos de la carretera de Logroño, que sería inferior. Pero su caso no es igual a los otros tres, en los que «se trataba de suprimir industrias molestas enclavadas en el tejido residencial», es decir, le interesaba a Zaragoza. Y remata: «Se recuerda que en los tres ámbitos, como en Puerto venecia, se cedió el 10% del aprovechamiento medio».
Plantados con los huertos
La propuesta de la cesión de 6,5 hectáreas de suelo para hacer huertos se queda en agua de borrajas. Porque no se puede votar la concertación de nada que previamente no se haya pactado con la empresa. Y si se ha hecho no consta «ninguna oferta o compromiso concreto del propietario», y «no se expresa si se trata de una cesión gratuita o con contraprestación». Ni si cede la titularidad o solo el uso, por cuánto tiempo o en qué condiciones. Le faltaba poner que saben más que el propio ayuntamiento.
