Mañana viernes a las diez de la mañana. El magistrado José Ignacio Martínez, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza e instructor del caso saqueo, la pieza principal sobre Plaza, ha citado para esa hora en el juzgado de guardia al exgerente de la empresa pública, Ricardo García Becerril, y a las acusaciones --Fiscalía Anticorrupción, el Gobierno de Aragón y Plaza-- para celebrar la vistilla en la que, tras escuchar sus propuestas y las alegaciones de la defensa, decidirá si encarcela al imputado.
La vistilla ha sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, la cual, tal y como ayer adelantó EL PERIÓDICO, invoca dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr). Uno es el 505, que regula las peticiones y las órdenes de prisión provisional. El otro es el 539, que complementa al anterior y especifica que "los autos de prisión y libertad provisionales y de fianza serán reformables durante todo el curso de la causa". Este precepto añade que "para acordar la prisión o la libertad provisional con fianza de quien estuviere en libertad o agravar las condiciones de libertad provisional ya acordada (García Becerril tiene el patrimonio embargado y la obligación de comparecer todos los lunes ante el juez) o sustituirla por la de prisión o libertad provisional con fianza, se requerirá solicitud del ministerio fiscal o de alguna parte acusadora".
Los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa han solicitado la vistilla "a la vista de los últimos informes policiales, que desarrollan la actividad delictiva de Ricardo García Becerril, y muy especialmente ante la constatación de la actualización del delito de blanqueo de capitales".
Las pesquisas de la UDEF y las declaraciones de varios imputados sitúan al exgerente de Plaza como el jefe de Pulsar y copropietario de Leónica, dos de las empresas investigadas.
