El exconsejero de Empresa Santi Vila se desmarcó de la defensa del resto de miembros del Govern destituido al comparecer ante la Audiencia Nacional como imputado con un abogado propio, el penalista Pau Molins. El fiscal también diferenció la participación del exalto cargo del Ejecutivo catalán respecto a los otros exconsellers y, tras su declaración, solicitó para él prisión eludible con fianza de 50.000 euros, a pesar de que está investigado por los mismos delitos: rebelión, sedición y malversación.

La jueza Carmen Lamela aceptó la tesis de la acusación pública y le impuso esa cantidad. Estaba previsto que Vila durmiera anoche en un centro penitenciario y pudiera salir, previsiblemente hoy, cuando depositase la suma que se le reclama.

La jueza Lamela tuvo en cuenta al acordarle prisión eludible con fianza (al resto de los investigados no se les impuso fianza alguna) que Vila «desistió voluntariamente proseguir con el proceso soberanista» el día 26 de octubre, un día antes de que la declaración unilateral de independencia (DUI) fuera votada en el Parlament. Al entender de la magistrada, esta actitud pone de manifiesto «su voluntad contraria al intento secesionista».

Al haberse apartado del cargo de consejero, destaca la resolución judicial, no puede haber reiteración delictiva. Sin embargo, le impone la prisión eludible con fianza porque sí que se cumplen otros dos requisitos para acordar una medida. El primero, el riesgo de fuga por la «facilidad» que tiene, «por sus recursos y medios», de salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la justicia española. La resolución destaca también las elevadas penas que comportan los delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. «Cobra especial importancia el papel que el citado querellado protagonizó desde su cargo público, sin el cual el proceso independentista no hubiera podido impulsarse», sostiene Lamela. Y agrega que Vila «jugó un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado».

EL ASPIRANTE Y LA INFANTA / El que fuera titular de la Consejería de Empresa, que se postuló el pasado martes para ser el candidato del PDECat al 21-D con el objetivo de «dar voz a la moderación», es el único de los encausados que ha optado por otra defensa, la del letrado Pau Molins, del despacho Molins & Silva, un bufete de referencia para la extinta CiU y que también defendió a la infanta Cristina en el caso Nóos.

El abogado de Vila ha asegurado que su cliente quiere manifestar su «solidaridad» con el resto de los consellers a los que no se les ha impuesto una fianza. Fuentes del entorno de Vila explicaron que su familia está reuniendo la fianza.

Por otra parte, Vila está siendo investigado junto a Lluís Puig por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida, desobediencia y prevaricación en relación con las 44 piezas pendientes de devolución del monasterio de Villanueva de Sijena. Ambos han sido consejeros de Cultura en el Gobierno catalán.