La historia de Averly hace un año que se anticipó. Quienes decían que había que esperar a que finalizara el procedimiento judicial abierto por Apudepa en el 2014, mirarán ahora con decepción la resolución del Tribunal Supremo por no poder recriminar a quienes favorecieron la demolición, en el 2016, que se precipitaron. Los jueces reafirman la catalogación hecha por la DGA y echan el telón a cuatro años de pulso, tres en el juzgado. Una fundición lenta de una polémica con fundamento que, sin embargo, llegó tarde. Sobre todo por parte del ayuntamiento, que quiso erigirse en salvador de una factoría de la que fue uno de sus verdugos.
Lo fue antes de la tormenta y antes de que Brial cerrara un acuerdo para hacerse con la propiedad de la vieja fundición del paseo María Agustín por 8 millones de euros, de los que 2,5 los desembolsaba al inicio, en enero del 2013, y el resto los prevé abonar con pisos. Sí, de los 200 que ahora construirá, una parte es para la familia Hauke, a la que el consistorio zaragozano dio de lado varias veces. No solo no socorriéndole cuando languidecía y las deudas acuciaban, con cuatro embargos de bancos pesando sobre ella. Sino sobre todo porque los 1,2 millones que le debía por la expropiación de suelo necesaria para construir el túnel de la A-68 no se los pagó cuando debía.
Así que su propiedad iba a salir a subasta cuando apareció Brial. Curiosa circunstancia visto en el presente: con el túnel de la A-68 inacabado y cerrado y la factoría demolida parcialmente. Aún así, el ayuntamiento pudo ser su verdugo por no pagar pero no el responsable de sus deudas y números rojos. Así que su propiedad era lo único que tenía para vender y sortear esos embargos, y a Brial no se le escapaba que el Plan General de Ordenación urbana (PGOU) ahí le dejaría hacer 200 pisos.
Pero Averly era una joya del patrimonio industrial de Zaragoza indiscutible. Y la publicación de la venta precipitó toda la confrontación. Primero social, con Apudepa y los vecinos de Lanuza capitaneando protestas, concentraciones, abrazos simbólicos en la factoría; y luego judicial, con un litigio iniciado ya en el 2014. Siempre después de que la DGA se pronunciara sobre su catalogación, ampliada al 32%, algo insuficiente para quienes defendían la conservación integral. La judicialización permitió al Gobierno del PSOE suspender cautelarmente la aprobación del plan especial para las viviendas en el 2014, a pocos meses de que Brial hubiera planificado iniciar la comercialización. Lo iba a hacer en otoño.
Esperanzas
Se pronunciaron los jueces en primera instancia, se recurrió. Se reafirmó el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y lo mismo. Se llevó el asunto a la Fiscalía en Madrid, y acabó en nada. Y así hasta que en el 2015 se dio luz verde inicial al plan especial, muy (demasiado) cerca de las elecciones. Así que cuando Zaragoza en Común (ZeC), que había hecho bandera de su salvación en campaña, se vio con el bastón de mando, los críticos con Brial respiraron con alivio. Se veía más cerca la conservación de la vieja factoría.
Pero comenzó la legislatura y el reloj ya estaba en marcha. Los plazos administrativos son los que son y, tras una negociación fallida con Brial, ZeC no tuvo más remedio que llevar a votación la licencia de derribo. Y salió aprobada con los votos de PP-PSOE-Ciudadanos, que no solo sumaban mayoría sino que permitían a ZeC evidenciar quién salía fundido con el derribo de Averly.
