Llegó la hora de compensar como buenamente se pueda el enorme dolor que sufren los familiares de los 62 militares fallecidos en la tragedia del Yak-42. Ayer, como primeras medidas tras la confirmación de al menos 22 errores en las identificaciones de las víctimas, los afectados exigieron al exministro de Defensa, Federico Trillo, que renuncie a su acta de diputado y algunos ya anunciaron que pedirán exhumaciones. Además, el Consejo de Ministros aprobó el relevo de la cúpula militar del Ejército.

El resultado de las pruebas de ADN practicadas a 39 familias, y que ya adelantó EL PERIODICO DE ARAGON hace dos semanas, ha dejado al descubierto más de una veintena de fallos en los reconocimientos que han provocado la denuncia pública inmediata de los afectados. El presidente de la Asociación de Familiares, Carlos Ripollés, solicitó ayer en rueda de prensa la intervención de la Fiscalía General del Estado en el caso y lanzó un mensaje contundente a Trillo, al que acusó de haber mentido al Parlamento y a España: "Si le resta algo de dignidad política, debe entregar el acta de diputado de forma inmediata", señaló.

Además, Ripollés cargó duramente contra el exsecretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, a quien calificó como un diplomático de "tercera categoría", y dijo que de los informes de los test se derivan "gravísimas responsabilidades" de políticos y militares que tienen "nombre y apellidos". Además de al propio Trillo, citó a los jefes de Estado Mayor de la Defensa, almirante Antonio Moreno Barberá, y del Ejército, Luis Alejandre, así como a los generales que firmaron las necropsias --Vicente C. Navarro y José Antonio Beltrán--. Moreno Barberá, Alejandre y el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Eduardo González Gallarza, fueron relevados ayer, como ya avanzó este diario. Navarro y Beltrán serán destituidos.

Esta medida cuenta con el ferviente respaldo de Ripollés, que también tuvo duras críticas para los altos mandos. "No han velado ni por la seguridad de sus hombres ni por el honor de sus muertos", aseguró. Igualmente, argumentó que los jefes militares "conocían" informes sobre el "lamentable" estado que presentaban los aviones exsoviéticos.

Ripollés anunció que las familias ya estudian ampliar al propio Trillo la denuncia interpuesta ante la Audiencia Nacional contra Navarro y Beltrán ya que, según el abogado del colectivo Leopoldo Gay, hay "indicios de delito" en estas irregularidades. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional verá el 12 de julio el recurso planteado para determinar si es competente en el caso.

Uno de los principales puntos de discrepancia reside en cómo afrontar a partir de ahora la correcta adjudicación de los cuerpos. Hace un mes, este periódico ya avanzó que el ministro de Defensa, José Bono, pretendía construir un mausoleo en el paseo de la Castellana de Madrid para enterrar allí a los 62 militares, pero esta medida, que goza del apoyo de Ripollés, no cuenta con el respaldo de muchos familiares.

Francisco Cardona, padre de un sargento primero del Ala 31 que murió en el siniestro, reveló que la semana que viene solicitará la exhumación del cuerpo que enterró creyendo que era el de su hijo. "Voy a pedirla oficialmente, porque he constatado que el cadáver estaba mal reconocido", indicó. En la misma línea se manifestó a Efe Antonio Redondo, portavoz de la familia del cabo José Israel Ferrer Navarro, otro militar que fue identificado erróneamente: "Si es necesario, pediremos la exhumación, aunque esperaremos a ver qué dicen los abogados".

A fin de intentar recomponer el puzle de las identificaciones, Ripollés hizo un llamamiento a las familias que no se han sometido a las pruebas de ADN para que cedan muestras de su sangre.