La Asociación de Familiares del Yak-42 tiene previsto solicitar hoy a la juez de la Audiencia Nacional encargada del caso, Teresa Palacios, que declaren como testigos los forenses y las autoridades judiciales turcas que participaron en la identificación de los 62 militares españoles fallecidos en la tragedia aérea. Una noticia que se dio a conocer ayer y que coincidió con el inicio de las exhumaciones de 21 cuerpos que fueron mal identificados por el equipo médico español. Hoy, además, comparece como testigo el jefe del Grupo de Control que contrató el aparato.
En un escrito de ampliación de diligencias, los representantes legales del colectivo piden a Palacios que recoja el testimonio de diez personas, entre ellas cuatro forenses del Instituto Toxicológico de Estambul y el fiscal general de Trabzon (Turquía), Burhan Cobanoglu. También exigen que tome declaración al cónsul español en Estambul, Raimundo Ezquerra, que se desplazó hasta el lugar del siniestro con el embajador en Ankara, Manuel de la Cámara.
Todos ellos estuvieron presentes en los reconocimientos. Además, algunos forenses del centro ya explicaron recientemente a EL PERIODICO que advirtieron al jefe del equipo médico español, el general en la reserva Vicente C. Navarro, de que 30 cadáveres estaban "calcinados" e "irreconocibles" salvo con pruebas de ADN. De ahí que rechacen la versión de Navarro, quien declaró ante la juez que el traductor no leyó el párrafo del Protocolo de Identificación, Entrega y Recepción de Cadáveres en el que se dejaba claro que había 30 cuerpos sin identificar. El general admitió que no se practicaron autopsias y dijo que las autoridades turcas se mostraron "esquivas" a la hora de ceder copias de las muestras de ADN. Este extremo también fue negado por los expertos, quienes plantearon a Navarro "realizar los test en Estambul". Los afectados entienden que las autoridades turcas podrán "iluminar" a la juez sobre las identificaciones erróneas.
Por otro lado, la acusación pedirá próximamente la citación de más testigos relacionados con la contratación del aparato siniestrado, para lo que requerirán al Ministerio de Defensa una lista completa con todas las personas involucradas. "La investigación sobre las contrataciones están aún en esqueleto, ya que sólo ha declarado el observador en la Comisión Internacional que investiga el siniestro, el general Francisco Sánchez Borrallo, quien atribuyó el accidente a un error humano", indicaron las fuentes consultadas.
EXHUMACIONES Ayer comenzaron las exhumaciones de los 21 cadáveres mal identificados que se encuentran enterrados en nueve comunidades autónomas --los otros nueve militares a los que afectaron los fallos se incineraron--. El primer féretro fue desenterrado en Lalín (Pontevedra) a las nueve de la mañana. Aunque en teoría correspondía a Vicente Agulló, lo cierto es que pertenece a Fernando España Aparisi, cuya familia vive en Murcia, según los test de ADN practicados por los afectados en Estambul y Madrid. Ambos militares estaban destinados en el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo de Zaragoza (EADA). Sin embargo, la familia de España Aparisi esparció las cenizas de su supuesto pariente en el mar, por lo que no podrá entregarlas a los allegados correctos.
Posteriormente, la comisión judicial creada por Palacios se trasladó a Polvorado (León) y a Burgos, donde se exhumaron uno y dos cuerpos respectivamente. Aunque los cadáveres enterrados en Burgos se atribuyeron inicialmente a dos soldados del Ejército de Tierra, eran realmente los de José Manuel Pazos Vidal, miembro del Ala 31, y el de Juan Antonio Tornero, destinado en el EADA. En la capital burgalesa, la comisión realizó su trabajo cuando ya había anochecido, lo que provocó algunas dificultades de carácter operativo.
Todo el proceso se llevó a cabo bajo la vigilancia de las Fuerzas de Seguridad, que velaron para que se respetara la intimidad de los allegados. Y los restos se trasladaron al cementerio madrileño de La Almudena, donde se pondrán en marcha nuevos test de ADN para confirmar si las primeras pruebas fueron correctas.
Hoy, las exhumaciones se centrarán en el complejo funerario de Torrero de Zaragoza, donde se desenterrarán tres cuerpos, y en Barcelona, donde se hará lo mismo con un soldado. Por error se estimó que los fallecidos inhumados en la capital aragonesa eran David González Paredes, José Manuel Sencianes y José Luis Moreno Murcia --estos dos últimos pertenecían al Ala 31--. Pero en verdad eran un militar de Burgos y de dos de Madrid.
