El área de Moncasi acumula ya algo más de tres décadas como uno de los referentes del ocio nocturno en la ciudad y 23 catalogada como zona saturada. Los vecinos han visto cómo distintas generaciones disfrutaban de la noche en los bares que acoge, no sin mostrar una lucha constatable desde, al menos, principios de los años 90. Marchas de vecinos, protestas y denuncias a los locales se sucedieron durante estos años, con diferentes situaciones que pusieron de manifiesto el enfrentamiento entre hosteleros y residentes de manera palpable.

No solo fueron acciones desde los despachos y concentraciones pacíficas. Ejemplo de ello son los desperfectos que causaron algunos vecinos en un bar de la calle Lozano Monzón en 1996, cuando el establecimiento logró una licencia definitiva y realizaba las reformas necesarias para adaptarse a la normativa. Algunas personas llegaron a causar daños en el bar y a arrancar la chimenea de extracción de humos.

Las protestas trascendían al ruido y la suciedad, puesto que la inseguridad también se incluyó dentro de las preocupaciones vecinales. Cabe recordar que, además de las riñas comunes entre usuarios en un ámbito de ocio nocturno, en la zona han muerto personas a causa de peleas. Dos de estos sucesos resultaron muy cercanos en el tiempo, en los años 1993 y 1994, lo que motivó una gran marcha vecinal.

En 1995 llegaría una de las principales reivindicaciones de la asociación de vecinos La Huerva. Se trataría de la declaración por parte del ayuntamiento como zona saturada, lo que impediría la apertura de nuevos bares o que los ya abiertos ampliaran sus instalaciones.

Los hosteleros también han alzado su voz en ocasiones durante el tiempo que lleva la zona funcionando con el fin de defender su postura solicitando extender su horario de apertura hasta las 5.30 de la mañana. Una protesta que surgió, por cierto, poco después de que la asociación de vecinos de esta zona anunciara una demanda contra el consistorio «por inhibirse en el control de ruidos y de los horarios de cierre de los bares».

La denuncia se tradujo en un fallo que condenó al consistorio a pagar 285.000 por las molestias causadas y a vigilar la zona. El ayuntamiento recurrió el fallo, aunque no fue la única demanda a la que se enfrentó; también hubo de hacer frente a la de una mujer que reclamaba 90.000 euros por el fallecimiento de su marido, una muerte que consideraba motivada, en parte, por las molestias de la zona.

Algunos años después, en el 2006, se aprobó la ordenanza municipal que marcaba las distancias entre bares y las actividades que allí se desarrollarían, un hecho que aceleró las acciones contra los bares que incumplían. También llegó en ese mismo año la Ley de Espectáculos Públicos de Aragón. Sin embargo, todo sigue igual 30 años después.