Reacciones hubo para todos los gustos, aunque predominó la alegría «después de más de 33 años años de pelea», entre aquel 17 de febrero de 1987 y el 19 de mayo del 2020, día en el que el Tribunal Supremo confirmó el fallo de la Audiencia Nacional del 2017. «Para nosotros esto está acabado, solo queda el fiestón», se alborozó Lola Giménez, portavoz de la Coordinadora de la Coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos y viva representante de los luchadores de los últimos lustros, que ayer levantaban «el vino de la victoria» para brindar por su emoción. «La alegría es muy profunda, hay mucha gente llorando porque esto es una liberación a tantos años aguantando. Estamos pletóricos», remató.
Al otro lado, en la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, eludieron hacer declaraciones. Esperarán a hacer un análisis concienzudo de la sentencia del Tribunal Supremo, aunque lógicamente no gustó, como tampoco la falta de voluntad política que han percibido para que saliera adelante el proyecto que, si bien los ganadores ven finiquitado, no lo está para otros como Ramón Celma. El portavoz del PP afirmó que los aragoneses «no nos merecemos que nos quiten Biscarrués por la dejadez del Gobierno de Pedro Sánchez», pidió al PSOE, «y especialmente al PAR, que no sean cómplices de este agravio hacia Aragón» y no cerró las puertas porque «existe un nuevo proyecto de Riegos del Alto Aragón y Acuae que puede salir adelante. Es un proyecto que está adaptado a las recomendaciones» que hizo la Audiencia Nacional.
Vicente Guillén, portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, explicó que se trataba «de un proyecto judicializado», expresó el respeto por el fallo judicial y señaló que la desestimación «evidencia todavía más la necesidad de establecer una Mesa de Diálogo del Agua que propuso el presidente Javier Lambán hace ya cuatro meses», ya que considera imprescindible «actualizar y consensuar un nuevo acuerdo que busque soluciones a las problemáticas actuales, sobre todo porque el anterior pacto del agua se firmó hace casi dos décadas»
También se mostró respetuoso el PAR con la sentencia. «Aquellas obras que nazcan desde el consenso y que además tengan presupuestos, pedimos que se acaben de ejecutar ya. Exigimos al Gobierno de España que ejecute todas los obras que están contempladas en el Pacto del Agua y que puedan ser de interés para Aragón a la hora de coger o tener en cuenta un bien tan especial y tan preciado como es el agua».
Santiago Morón, de Vox, cree que la sentencia «viene a confirmar la falta de planificación en política hidráulica de los gobiernos autonómicos y nacionales anteriores, y la rigidez de la Directiva Europea del Agua»; mientras que Ciudadanos pedirá la comparecencia ante las Cortes del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, «con el objeto de poner en marcha cuanto antes una Mesa de Diálogo del Agua».
El presidente de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, celebró la decisión esperando que «entierre un proyecto insostenible desde el punto de vista ecónomico y medioambiental, que lleva amenazando a la Galliguera desde hace 35 años y que es totalmente indefendible en el Siglo XXI».
También festejó la sentencia Álvaro Sanz, portavoz de IU en las Cortes, esperando «que no tenga vuelta atrás y nos sirva de punto de partida para alcanzar nuevos consensos que garanticen dar respuesta a las necesidades sociales y ambientales»; mientras que en Podemos mostraron su satisfacción por una decisión «que crea una jurisprudencia histórica para este tipo de proyectos hidráulicos, faraónicos e insostenibles» y supone «una victoria histórica de un territorio que lleva más de 30 años plantando cara».
