El Estado estimará las principales peticiones realizadas desde Aragón que afectan a una modificación de la ley. Según indicó ayer la consejera aragonesa, María Victoria Broto, la ministra se comprometió a acometer «con rapidez» estas modificaciones del Código Civil por la que la autorización del padre maltratador dejaría de ser indispensable para que sus hijos recibieran atención psicológica. Además, el Estado también podría quitar al maltratador el derecho a visitar a sus hijos, otra de las peticiones lideradas desde Aragón.

«Son dos reivindicaciones que llevamos realizando desde hace tiempo en Aragón y la ministra se ha comprometido a introducir estos dos cambios», se congratuló la titular del departamento autonómico.

Pero estas modificaciones requieren, según expuso Calvo, de que todas las comunidades establezcan «unos mecanismos de consenso para llevarlas a cabo», apuntó Broto.

En este sentido, la ministra trasladó a las autonomías su intención de que todas las modificaciones legales que implica el pacto estén culminadas antes de que finalice el año.

De este modo, Aragón estaría a punto de ver cumplida una petición que ha venido realizando en reiteradas ocasiones. La última de ellas, durante la reciente presentación de la campaña contra las agresiones sexuales puesta en marcha por el Instituto Aragoneses de la Mujer (IAM), el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y que da continuidad a la que se inició el año pasado y que cuenta ya con la participación de 173 entidades locales. Todas ellas se han sumado a la Red Aragonesa de Entidades Locales Libres de Agresiones Sexuales, a través de la que se han canalizado acciones destinadas a la prevención, erradicación, sensibilización, formación e información en materia de violencias sexuales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza consideró «un cierre en falso» la intención del Estado de suprimir la autorización del padre maltratador para que sus hijos reciban atención psicológica. «Es un cierre en falso. Lo que exigimos es que un padre maltratador no pueda ejercer la patria potestad sobre sus hijos», indicaron fuentes del consistorio.

«Si así fuera, la madre podría decidir si su hijo o hija recibe atención psicológica pero también poder cambiarle de colegio. Los tienen que ser considerados víctimas y separados del maltratador», añadieron desde el ayuntamiento.