Solventar el problema de la presión asistencial y lograr un modelo de financiación eficaz son los dos retos clave que la Sanidad aragonesa debe afrontaren el curso político que se inicia ahora. Los sindicatos advierten que el Pacto de la Sanidad, que expira el 31 de diciembre, se ha incumplido y aún quedan varios asuntos por cerrar.

Una de las constantes reivindicaciones de la Plataforma 10 Minutos y de los sindicatos es que disminuya el número de pacientes por médico en Atención Primaria. Actualmente el 75% de los centros de zonas urbanas está saturado y los facultativos apenas disponen de 6 minutos por persona. Esta cuestión ha llevado a las organizaciones sindicales a pedir soluciones, aunque tampoco existe un consenso entre ellas sobre las medidas a adoptar.

Según el representante de UGT, José Miguel Salas, lo mejor sería diseñar un plan de reducción "gradual" del número de pacientes a cuatro o cinco años vista. "Actualmente cada médico tiene a más de 2.000 pacientes y lo ideal sería bajar a 1.500. Pero esa medida no se puede llevar a cabo de golpe, porque habría que aumentar mucho la plantilla y el Gobierno aragonés no está dispuesto a hacerlo. Por eso, proponemos que esa reducción sea progresiva, porque de lo contrario, además, el gasto no podría soportarse", explicó.

La visión de UGT se aproxima a la que ofrece CCOO, que apuesta por buscar un "equilibrio" entre la calidad del servicio al paciente y el número de personas que debe atender cada facultativo. "El problema de la presión asistencial es vital. La clave está crear nuevos puestos de trabajo para médicos y aumentar así las plantillas, pero de forma equilibrada", apuntó Charo Oto, de CCOO.

Sin embargo, desde otros sindicatos como CSIF, miembro de la Plataforma 10 Minutos, la apuesta es muy distinta. Su presidente provincial, Emilio Aguilar, se mostró partidario de diseñar una tarjeta ajustada a la edad, ya que "no todos los grupos de pacientes necesitan los mismos niveles de atención sanitaria en cuanto a tiempo y continuidad". "Está claro que hay que reducir el número de pacientes, aunque según las pautas de la DGA eso podría dejar a muchos pueblos sin médicos. Por eso hay que plantear otro tipo de relación entre el facultativo y el paciente y potenciar la medicina preventiva", subrayó Aguilar.

Junto a este problema, los sindicatos exigen soluciones para otros temas pendientes del pacto, como la homologación de todo el personal sanitario al de la DGA o "el desarrollo de la carrera profesional, es decir, de la posibilidad de progresar de forma individualizada", analizó Oto.

FINANCIACION Pero quizás, lograr un modelo de financiación equilibrado es ahora mismo la cuestión más complicada. El gasto sanitario en una comunidad envejecida como Aragón se dispara y la DGA baraja distintas opciones para conseguir ingresos extra. Aunque el consejero de Economía de la DGA, Eduardo Bandrés, rechaza el copago sanitario --el cobro de una cantidad por visita médica--, sí defiende un modelo selectivo, según el cual podrían cobrarse a los usuarios las prestaciones que no son estrictamente necesarias y los fármacos a aquellos pensionistas con altos niveles de renta.

Pero además, Bandrés ha puesto sobre la mesa la posibilidad de subir 2,4 céntimos el litro de gasolina o los impuestos sobre el tabaco o el alcohol. Sin embargo, el consejero no impulsará ninguna iniciativa de este tipo a menos que se logre un pacto de Estado sobre la financiación.