El quebrantamiento del Estado de Derecho y de las normas constitucionales, el incumplimiento de las sentencias y la situación de Cataluña tras el referéndum ilegal fueron ayer las principales referencias de las intervenciones de la judicatura y de la fiscalía en la apertura del año judicial en Huesca.
Estas cuestiones centraron los discursos del fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, y del presidente de la audiencia altoaragonesa, Santiago Serena, quienes dirigieron sus críticas a los dirigentes políticos de la Generalitat y valoraron la actuación de Guardia Civil y Policía Nacional.
El fiscal dijo que las «voluntades unilaterales» de los responsables de la convocatoria de la consulta ilegal son «inaceptables», al tiempo que lamentó el interés de los independentistas en abrir «nuevas fronteras» sin valorar un Tratado Europeo. A su juicio, «es paradójico que quien ha causado un grave quebranto al orden constitucional de forma torticera y engañosa, arrogándose funciones que no le corresponden, se presente ahora de forma victimista a pedir protección de la Unión Europea». Una decisión, añadió, que aboca a Cataluña a un «desastre de consecuencias imprevisibles».
Por su parte, el presidente de la Audiencia de Huesca expresó su «preocupación y tristeza» ante los hechos registrados en Cataluña, de los que responsabilizó a quienes «sistemáticamente» han incumplido los mandatos del Tribunal Superior de Justicia catalán y del Constitucional.
Según explicó Serena, «las bases de esta consulta son que los deseos de los ciudadanos, dicen sus intérpretes, legitiman cualquier actuación, pero nada más lejos de la realidad, porque en un estado social y de derecho no cabe contraponer una supuesta legalidad democrática a la realidad constitucional», apuntó. Por último, Serena expresó su solidaridad con los jueces, fiscales y funcionarios de Cataluña.
