La Fiscalía Anticorrupción está decidida a encarcelar al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, por su participación en el saqueo de la empresa pública. Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa han solicitado al magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, que convoque a García Becerril y a todas las partes personadas en la causa principal del caso Plaza para celebrar la vistilla que prevé el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) con el fin de solicitar su ingreso en prisión.

García Becerril se encuentra en libertad provisional sin fianza desde el pasado 15 de agosto, cuando pasó a disposición del juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza tras haber sido detenido el día anterior por orden de la Fiscalía Anticorrupción junto con el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, y el ejecutivo de la consultora Intecsa-Inarsa Nico Groeneveld, encargado de chequear las obras que efectuaba en la plataforma logística la UTE liderada por Acciona cuyos dos exgerentes, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, resultarían encartados unos días más tarde.

Hasta ahora, García Becerril tenía la obligación de presentarse cada lunes ante el juez. Sin embargo, las pesquisas desarrolladas desde entonces por la Brigada de Blanqueo de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía) y las declaraciones de varios testigos e imputados han hecho que la Fiscalía se plantee pedir su encarcelamiento.

YATE Y BILLETES Los últimos informes de la Brigada de Blanqueo destacan que García Becerril gestionó la venta del velero Governador, cuyo titular formal era Pulsar Consultoría e Inversiones, por la mitad de su valor de mercado --35.000 euros-- cuando apenas había pasado un mes de su detención. Y también llaman la atención sobre las elevadas cantidades de dinero en efectivo que manejaba: a los 415.000 euros que la Policía halló debajo de un colchón en el ático de Salou que posee su familia se suman los 260.000 euros que aportó en el 2004 para constituir con los hermanos Margalejo Campo la empresa Leónica Promociones --figuró como empresa su esposa, Elena Planté, pero uno de sus socios sostiene que era él quien participaba y ella niega que supiera qué firmaba-- y cuyo origen no logra esclarecer la UDEF, y los 103.340 desembolsados entre junio del 2003 y mayo del 2005 para comprar un apartamento en Puerta Cinegia con su mujer.

La Policía también sospecha que el precio de adquisición del Governador no fue el que figura en la factura --39.000 euros más 6.240 de IVA pagados en el 2007-- sino que la familia de García Becerril --el vendedor llevaba los tratos directamente con él-- entregó dinero que no fue documentado.

En cuanto a Leónica, empresa cuya liquidación en el 2010 convirtió a Elena Planté en propietaria de una nave y en perceptora de 667.000 euros, resultaron incriminatorias para el exgerente de Plaza las declaraciones que el pasado viernes prestaron como imputados Ramón Margalejo Campo --sostuvo que montaron la empresa porque García Becerril les dijo que "tenía un dinero" y quería "hacer algo" con él-- y su esposa: "yo me limité a firmar"; "no sé nada"; "siempre confié en mi marido"; "en casa nunca he visto más de 20.000 euros en efectivo"; "no sé de dónde salió el dinero para comprar el piso de Puerta Cinegia, para Leónica y para Salou".

LA GUARDERÍA Los últimos informes de la Brigada de Blanqueo de la UDEF también señalan a García Becerril como la persona que controlaba Pulsar, tanto por su intervención a la hora de constituirla como por el hecho de que en el mes de octubre del 2012 Carolina García Planté, una de las hijas del exgerente de Plaza, ni siquiera supiera quienes eran los socios de la compañía, según revela la consulta que efectuó al contable de la misma a través de un correo electrónico.

La UDEF señala a Pulsar como, presuntamente, un chiringuito a través del cual varias empresas que obtuvieron contratos en Plaza pagaban mordidas y que, posteriormente, ocultaban esos trasiegos de dinero --un millón de euros en cuatro años-- mediante facturas mendaces que reflejaban servicios inexistentes como la elaboración de informes.