La Fiscalía se ha unido a las defensas de los imputados en el caso pagarés de Plaza, y a la acción popular ejercida por la letrada Irene Romea en nombre de Unión Progreso y Democracia (UPD), para pedir al juez Francisco Picazo, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, que no de por cerrada la investigación de la causa. Pero el magistrado, según fuentes jurídicas consultadas, ha rechazado la propuesta.

El juez decretó el cierre de la instrucción, al considerar que ya hay indicios suficientes de que el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el exconsejero delegado de la plataforma en la DGA, Carlos Escó, el exdirector técnico de la entidad, Miguel Ángel Pérez y el constructor Agapito Iglesias se conchabaron para inflar el precio de unas naves para la empresa Autocity, construidas por la empresa Codesport --propiedad de este último--, de los 14,5 millones presupuestados a los 32,3 que acabaron costando.

Picazo solicitó por ello a las acusaciones que presentaran sus escritos de acusación --en el que exponen qué delitos aprecian y la pena que deberían cumplir los imputados--, pero tanto las defensas como UPD recurrieron el auto que cerraba las pesquisas. Ambas partes, aunque por motivos distintos, consideraban que faltaban pruebas que practicar y que había que seguir investigando.

La Fiscalía, que recibió los recursos de las defensas de los imputados y de la acción popular, informó al juez en una providencia fechada el 18 de que, "dada la complejidad de la presente causa, de la gravedad de los hechos y delitos imputados, las diligencias a practicar durante la instrucción han de ser lo más completas posibles en orden al total esclarecimiento de lo ocurrido". Por ello, el ministerio público considera que se deben practicar más pruebas y las que el juzgado ordenó y aún no se han realizado.

Entre otras diligencias, las defensas han propuesto periciales de parte, para contradecir el informe del perito Teodoro Ríos que veía claros sobrecostes en las obras desde el comienzo. La acción popular, por su parte, ha reiterado su solicitud de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía --ya que la Agencia Tributaria se declaró incompetente para hacerlo-- investigue adónde fue a parar el dinero presuntamente malversado.

Fuentes jurídicas consultadas indicaron que el proceso podría cerrarse sin conocer este extremo, ya que si se encontrasen pruebas del destino del dinero podría desgajarse una causa por otros delitos monetarios, como el blanqueo de capitales. Esto agilizaría el caso pagarés sin perjuicio de que los imputados en él se enfrentasen a otras posibles responsabilidades penales.