Fitonovo, la sociedad investigada por la juez Alaya, acometió dos trabajos para el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Aragón durante los años 2012 y 2013. En esta ocasión, las licitaciones de obra se realizaron en un concurso público en el que otras empresas quedaron apartadas. Ambos servicios consistieron en aplicación de tratamientos herbicidas en las carreteras de la provincia de Zaragoza y Teruel con un presupuesto de 218.809,92 euros y 48.848,74 euros, respectivamente. Unas decisiones acordadas por la mesa de contratación y con el posterior visto bueno de la Dirección General de Carreteras que señaló en su día que "la proposición de Fitonovo SL estaba suficientemente justificada a la oferta económica más ventajosa, que podría desarrollarse a satisfacción de la Administración". En esta oferta quedaron atrás otras empresas como Aema Hispánica, Seanto o Cooperativa Forestal Royuela, entre otras.

En la lista de rechazadas también estuvo Fitonovo cuando decidió presentarse para realizar lo mismo que iba a hacer en Zaragoza y Teruel, pero en la provincia de Huesca. Esta vez, en 2012, el proyecto era mucho más cuantioso a nivel económico, ya que la DGA había acordado un gasto plurianual de 1,6 millones de euros. Marco Obra Pública S.A. fue la adjudicada, siendo rechazadas otras empresas como la que actualmente está bajo sospecha u otras como Hormigones del Pirineo, Acciona o Sorigué Acsa.

Fitonovo también realiza la limpieza de zonas contiguas a las infraestructuras ferroviarias actualmente. No lo hace con la DGA directamente, sino a través de ADIF, quien ha invertido en estas labores 533.000 euros.