Desde el año 1999 viene Zaragoza reclamando una ley de capitalidad que otra ley, la reguladora de las bases del régimen local, le reconocía como derecho. Dieciocho largos años de disputas con gobiernos de distinto color en la capital y en el edificio Pignatelli pasarán al olvido con fotos como la de ayer de Javier Lambán y Pedro Santisteve. Un paso para cumplir con lo que el propio Estatuto de Autonomía reconocía en el 2007. ¿Pero en qué consiste y cuáles son los logros? En su filosofía, a través de 7 títulos, 50 artículos, 3 disposiciones adicionales, 5 transitorias y 3 finales, compensar a la ciudad por proveer al 60% de la población aragonesa de servicios que no le corresponde prestar al consistorio y que no solo los ofrece sino que los costea.

1 La financiación de servicios delegados

La futura ley delimita qué competencias delega la DGA en el Ayuntamiento de Zaragoza. Un total de 25 pasarán a estar conferidas al consistorio y es por ellas por las que Aragón transferirá, vía convenio marco, 13,5 millones de euros en el 2017 y aumentando en 1,5 cada año hasta llegar a 19,5 en el 2020. El coste real estimado supera los 100 millones. Entre estas competencias están las de servicios sociales y educativos, pero también otras relacionadas con urbanismo, Turismo, Cooperación, Juventud, Transporte, Comercio o Deportes, entre otras.

2 Fondo de capitalidad, una cifra transitoria

Casi todas las discusiones por esta ley han girado en torno a lo que se denomina fondo de capitalidad. Este significa la parte que Zaragoza recibiría como financiación adicional dentro del reparto que la DGA realiza a todos sus municipios y comarcas. La capital nunca ha recibido un euro. Ahora serán 8 millones de euros pero es una cifra transitoria, ya que la ley plantea que se integre en la futura ley que regule participación de los ingresos de la comunidad autónoma y que establezca un nuevo reparto, donde su 60% de población se vea reconocido. Hoy el fondo municipal es de 18 millones para 731 municipios.

3 Cobro trimestral y convenio cada 4 años

La futura ley de capitalidad establece cómo está obligada la comunidad autónoma a regular las cuantías fijadas para costear las competencias que delega, a través de convenios marco que se renovarán cada cuatro años. El primero, entre 2017 y 2020, acuerda que sean 13,5 millones el primer año y 19,5, a razón de 1,5 de aumento cada ejercicio y con un nuevo marco de financiación a revisar cada cuatro anualidades.

Además, establece que las cifras acordadas se abonen trimestralmente, aunque también añade que se pueden establecer acuerdos específico que modifique este plazo. También señala que en caso de no satisfacer la cuantía la DGA, el ayuntamiento podría compensarlas «automáticamente con otras obligaciones financieras» que este tenga con la comunidad autónoma. O que la DGA podrá compensarlas por iniciativa propia con cantidades que este le adeude a ella.

4 El Consejo Bilateral de la Capitalidad

Este será el órgano colegiado de carácter permanente desde el que hacer seguimiento del cumplimiento de la ley, integrado por miembros del Gobierno de Aragón y del de Zaragoza, y se reunirá como mínimo una vez cada semestre. La DGA pondrá en él a sus consejeros de Hacienda (hoy Fernando Gimeno) y de Presidencia (hoy Vicente Guillén). Y la capital pondrá a dos concejales a esa comisión a dos bandas.

5 La tramitación, un mínimo de tres meses

A la tramitación del proyecto de ley aún le aguardan un mínimo de tres meses, desde que el Consejo de Gobierno mande el texto al parlamento autonómico. Cuando llegue, los partidos tendrán 15 días para hacer enmiendas, luego la mesa de comisión tendrá tres días para validar o rechazarlas y mandará nuevamente a la DGA para que, en 7 días lo analice. Volverá a su debate en pleno y desde allí se constituyen las ponencias y, en un mes como mínimo, se debe redactar un informe. Este llega a la comisión de Presidencia para su debate y negociación, y fijar un dictamen que llevar al pleno de las Cortes.