La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos mediante decreto ley, como se propone el Gobierno de Pedro Sánchez, «puede abrir la puerta un poco» a la extracción de los huesos de fusilados republicanos que se hallan arbitrariamente enterrados en la necrópolis del dictador y que hace años que son reclamados por sus familias.

Así lo expresó ayer Miguel Ángel Capapé, responsable de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico), a quien la Justicia autorizó hace ya dos años a exhumar los restos de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña, de la localidad zaragozana de Villarroya de la Sierra, que fueron fusilados en 1936, al comienzo de la guerra civil. «Una cosa tiene que llevar a la otra», señaló.

«Está bien que saquen de ahí al dictador, y quizá sea bueno para nuestra causa, pero en teoría nuestros familiares ya tendrían que estar desenterrados y trasladados a donde les corresponde descansar», subrayó Capapé.

13 FAMILIAS ESPERANDO / Otras 12 o 13 familias de toda España están en la misma situación. Han recurrido a la vía judicial para exhumar a sus seres queridos y, tras ganar los pleitos, ven cómo los restos de Franco están a punto de salir de Cuelgamuros por el expeditivo sistema del decreto ley.

«Para nosotros no es un problema que el primero en salir sea el dictador, pero lo importante es que se reactive y resuelva nuestro caso», añadió el responsable de Arico. En su opinión, el decreto ley es una fórmula adecuada para acelerar la exhumación de Franco. «Si no se hiciera así, correríamos el peligro de que pasara el tiempo sin hacer nada, otros 40 años más con el dictador en la cripta del Valle de los Caídos», añadió.

Miguel Ángel Capapé se mostró partidario de desacralizar la necrópolis franquista, construida por presos republicanos en la posguerra, y convertir el complejo funerario en un centro de interpretación de la guerra civil.

Con respecto al proceso para la exhumación de los hermanos Lapeña, Capapé precisó que solo está pendiente de que el Colegio de Forenses emita un informe. El siguiente paso, explicó, sería entrar a la zona de la cripta donde se hallan, localizarlos, identificarlos sin ningún tipo de dudas y extraerlos para devolverlos a sus familiares.

Más de 80 vecinos de Calatayud y su zona de influencia se encuentran enterrados en el Valle de los Caídos. Muchos de ellos fueron fusilados en el barranco de La Bartolina, en pleno terror caliente al comienzo de la contienda. La asociación Arico, explicó Capapé, ha solicitado formalmente al consistorio bilbilitano que haga cuanto esté a su alcance para lograr la exhumación de sus restos con el fin de que sean debidamente enterrados en sus localidades de origen.