Año récord para la lucha contra los fraudes laborales en Aragón. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) cerró el 2018 con unos resultados históricos al lograr aflorar 36,8 millones de euros como resultado de su labor de control y detección de la economía irregular, lo que supone un incremento del 20,3% respecto al balance del año anterior (30,5 millones de euros).
Este crecimiento se debe principalmente a las actas de liquidación levantadas para el pago de cotizaciones sociales o prestaciones y subvenciones indebidas, por las que se exigieron un total de 26,3 millones de euros frente a los 20,5 millones del 2017, un 28% más. Este salto obedece en gran medida al impacto que tuvieron las grandes operaciones llevadas a cabo contra la utilización de falsos autónomos en la industria cárnica y las empresas digitales de reparto a domicilio.
Las cifras dan cuenta de la intensificación de la lucha contra las prácticas irregulares en el mercado de trabajo y en favor de la calidad del empleo en todas sus variables (salarios, contratos, seguridad o jornada), después de una etapa de crisis marcada por la precarización de las condiciones de trabajo.
La recuperación económica y la creciente actividad empresarial también explican el repunte de la actividad inspectora en este ámbito. En concreto, la autoridad laboral tramitó un total de 17.695 expedientes en la comunidad en el 2018, un 2,3% más que el año anterior, según datos facilitados a este diario por la ITSS.
MÁS SANCIONES
El balance de este organismo estatal también ha sido al alza en cuanto al dinero reclamado a las empresas por incumplir sus obligaciones, con multas que ascendieron a un total de 10,5 millones de euros, un 5% más en relación al ejercicio precedente (10 millones). Y eso, a pesar de que el volumen de infracciones descendió levemente, 2.753 frente a 2.677 actas.
El mayor número de incumplimientos estuvieron relaciones con la Seguridad Social, de competencia estatal, con 1.217 infracciones por un total de 4,907 millones. En esta misma materia se enviaron a las empresas 500 requerimientos para ajustarse a la ley o subsanar deficiencias. Por infligir la normativa sobre seguridad y salud laboral, la Inspección levantó 733 actas de infracción por un importe de 3,494 millones de euros (frente a los 3,398 millones del 2017). En este caso se mandaron 1.998 requerimientos. Las relaciones laborales motivaron 575 multas por 1,131 millones (1.032 millones el año anterior), mientras que por otras actuaciones se contabilizaron 74 sanciones por 299.000 euros.
MAYOR EFICACIA
En cuanto a los expedientes tramitados, la categoría que acaparó más casos fue nuevamente la Seguridad Social, con 9.625 expedientes, cuya recaudación por sanciones va a parar a las arcas del Gobierno central al ser de competencia estatal. Le siguen en importancia dos materias que gestiona la administración autonómica: la prevención de riesgos laborales (3.658 informes) y las relaciones laborales (3.033). Otros 431 expedientes se debieron a empleo y trabajadores extranjeros y 948 a otras actuaciones.
«Ha sido un año importante. La actividad no decae y, al mismo tiempo, cada vez se nos exige más», explicó el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón, Román García, quien destacó asimismo la «mayor eficacia» del organismo al haber incrementado el importe global de las sanciones pese a bajar el número de infracciones.
Al tiempo que crece su actividad, la Inspección de Trabajo vive un momento de transformación interna. Hace casi un año pasó a ser un organismo autónomo de la administración estatal, al igual que la Agencia Tributaria, lo que le permitirá dotarse de un mayor presupuesto y afrontar así un incremento de plantilla, una demanda largamente reclamada.
