La Inspección de Trabajo de la Diputación General de Aragón ha abierto actas de infracción por valor de 321.000 euros (53,4 millones de pesetas) a la papelera Saica y a las dos empresas de construcción encargadas de las obras del colector de Vadorrey, en Zaragoza, en el que en septiembre del 2003 murieron tres trabajadores por inhalación de gases tóxicos. Los fallecimientos se produjeron cuando se ultimaban los trabajos previos a la apertura del conducto de aguas residuales. Además, las tres empresas deberán abonar conjuntamente un recargo del 50% en todas las compensaciones a que tengan derecho los familiares de los afectados, ya sean viudas o hijos. Por este concepto, las cantidades que habrán de aportar Saica y las compañías de la construcción podrían ascender a más de 900.000 euros (unos 150 millones de pesetas), indicaron fuentes sindicales. Las tres empresas multadas mostraron ayer su intención de recurrir la decisión administrativa, para lo que disponen de un plazo legal de quince días.Saica es la empresa más multada, dado que deberá abonar 240.500 euros (más de 40 millones de pesetas) como responsable de dos faltas muy graves, según informaron fuentes sindicales. Según la Inspección de Trabajo, una de las faltas muy graves se debe a que Saica no informó a las empresas que construían el colector, la UTE Aragonesa de Proyectos y Obras y Río Valle Construcción y Obra Pública, de que se trataba de una actividad peligrosa debido a que tenía que llevarse a cabo en un espacio confinado. ESPACIO CONFINADO
La otra falta muy grave se fundamenta en que ni Saica ni Río Valle, que deberá pagar 60.500 euros, "adoptaron las medidas aplicables a las condiciones de trabajo", de las que se derivaba un riesgo grave e inminente. En concreto, no se pusieron en marcha medidas como la medición de los gases en el colector ni los obreros iban provistos del preceptivo equipo de respiración autónoma. La mascarilla que llevaba el primero que descendió al colector se reveló insuficiente, según el informe que elaboró el pasado mes de enero el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA). Por su parte, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Aragonesa de Proyectos y Obras ha sido considerada responsable de una falta grave "por no efectuar la planificación preventiva que deriva de la evaluación de riesgos" y, asimismo, "por la falta de elaboración del plan de prevención", requerido por un trabajo realizado en un espacio confinado. El montante de la multa es de 20.000 euros.De todas las sanciones económicas impuestas por la Inspección de Trabajo la de mayor cuantía es la recarga de las prestaciones, de la que deben responder las tres empresas consideradas responsables del accidente laboral. El montante global de estas ayudas sociales deberá ser depositado, "de una sola vez" según los sindicatos, ante la Tesorería de la Seguridad Social. Las viudas de las víctimas tienen derecho a percibir una pensión de viudedad hasta cumplir los 65 años. El importe de las mensualidades, así como el de los pagos a que pudieran optar otros familiares, será fijado según un baremo que tiene en cuenta las circunstancias personales de cada afectado. "Habrá una batalla legal fuerte, porque la decisión de Trabajo supone abonar unas cantidades muy elevadas", afirmó ayer un experto en materia de prevención de riesgos laborales. "Globalmente, nos movemos en una cantidad que ronda 1,2 millones de euros, sumando las multas y las ayudas a que tienen derecho las familias".La empresa Saica anunció ayer que presentará alegaciones contra lo que calificó de "propuesta de sanción". "Estamos perplejos", dijo un portavoz de la empresa que aseguró que "el procedimiento de la DGA se suspenderá en beneficio del penal". "No existe ningún motivo para que se impongan las sanciones, por lo que vamos a recurrir la resolución de inmediato ante la DGA", declaró ayer Arturo Acebal, representante legal de Río Valle y de la UTE Aragonesa de Proyectos y Obras.Paralelamente a la investigación de la Administración, el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza abrió diligencias de oficio en septiembre, si bien los familiares de las víctimas no se han personado en la causa.
