Se produjo ayer una noticia de esas que marcan la historia de una sociedad: las mujeres que pretendan ser madres en España en los próximos meses, o que estén o vayan a estar en estado de gestación de forma voluntaria o involuntaria, no tendrán merodeando a su alrededor el fantasma de una ultraconservadora reforma de la ley del aborto. Se acabó el desvelo, al menos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley de plazos que aprobaron los socialistas, una ley en la que desde el Ejecutivo se introducirá eso sí alguna modificación para hacer imposible que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno.

El presidente del Gobierno en persona, Mariano Rajoy, salió ayer a la palestra a ratificar que el polémico proyecto del PP se retiraba de la agenda gubernamental por falta de consenso. El anuncio produjo júbilo en la mayoría de asociaciones de mujeres, partidos de la oposición y buen parte de la sociedad. Desconcierto en las filas populares y enojo en la Iglesia y los colectivos antiabortistas, que amenazan a Rajoy con retirarle el voto y convocar una gran manifestación en su contra el 22 de noviembre. En medio de ese guirigay de reacciones y emociones llegó la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón, el titular de Justicia y responsable de la elaboración de un proyecto de ley que finalmente no verá la luz. Gallardón deja el ministerio, el escaño y su sillón en la dirección del PP. Se rindió. "Yo soy el único responsable de esto. No he sido capaz de cumplir el encargo de transformar el anteproyecto que se aprobó diciembre en un proyecto de ley", dijo en su despedida ante los periodistas.

Quien hasta ayer fue responsable de la cartera de Justicia compareció públicamente a las cinco y media de la tarde, rodeado de su equipo y de su hijo Ignacio. No leyó discurso ni evito la emoción. En ese contexto explicó con detalle Gallardón que fue el presidente quien, al estrenar mandato, decidió que fuera el ministerio de Justicia, y no el de Sanidad, el que asumiera una nueva ley de aborto que debía basarse en los principios del PP; los ejes del recurso que presentaron en el Tribunal Constitucional contra la ley de plazos y "en la propia doctrina" del TC. Según narró, esos fueron los mimbres con los que elaboró su propuesta, una iniciativa que hasta "finales del pasado mes de julio o principios de agosto" estuvo seguro de que saldría adelante, aunque fuera con retoques. "El presidente me comunicó oficialmente lo que iba a pasar el pasado viernes .... Hasta julio yo creía que se aprobaría. Pero en un despacho que mantuve con él Rajoy a finales de julio ya se abrieron distintas posibilidades que antes no estaban en la agenda", reconoció.

MARCAR EL CALENDARIO

Días antes de que se celebrara ese despacho del que ayer habló el ministro, Gallardón se descolgó asegurando que su ley sería aprobada por el Ejecutivo "antes de que termine el verano", esto es, del 23 de septiembre. Él mantuvo ayer que entonces desconocía que se barajase una retirada. Pero otras fuentes gubernamentales consultadas por este diario apuntan lo contrario, esto es, que el titular de Justicia ya sabía que en Moncloa estaban repensándose qué hacer con una propuesta que rechazaba parte de los dirigentes del PP y, lo que es más relevante, de sus votantes, sobre todo los jóvenes. Y que trató de marcar los tiempos a Moncloa y de forzar a Rajoy a que, bajo presión, sacase adelante una ley con la que Gallardón se jugaba su futuro político. Otras fuentes subrayan que en el paso atrás del presidente en lo que al aborto concierne ha tenido que ver, además de los sondeos, las quejas de algunos barones (con elecciones en mayo) y de la dirección popular.

Lo que Ruíz-Gallardón puso sobre la mesa del consejo de ministros que preside Rajoy, y que como enfatizó ayer el propio Gallardón fue aprobado de forma colegiada hace nueve meses, fue un proyecto que resultaba mucho más duro y restrictivo que el del 85, ya que abogaba por despenalizar el aborto sólo bajo dos supuestos: el de violación y el "grave peligro" documentado, "con permanencia y duración en el tiempo", para la salud de la gestante. Además, para poder acogerse a esta segunda excepción a la interesada se le ponía por delante toda una carrera de obstáculos administrativos y se le exigían un par de informes médicos. Ninguno podía ir firmado por el facultativo que iba a practicar la interrupción del embarazo. Si la mujer pretendía abortar por esperar un feto con "anatomía incompatible con la vida" se demandaba entonces un informe sobre la afectación a la salud materna y otro sobre la anomalía fetal. Esta era la esencia de la ley Gallardón, una propuesta que le ha costado al ministro su carrera. "Yo hice lo que creía que tenía que hacer y lo que creía que se me había encargado", aseveró ayer.

Dijo adiós con un discurso elegante un ministro que ya tiene sustituto, Rafael Catalá, que asciende de secretario de Estado de Fomento a titular de Justicia en plena batalla jurídica con la Generalitat por la convocatoria del referéndum. Asegura Gallardón que le deja deberes hechos en este sentido. También algunos que otros fuegos, aunque la polémica ley del aborto se apolille ya en un cajón.

Miles de españolas sentían ayer que han ganado. Sí, una trascendental batalla. Pero la guerra sigue abierta porque la ley de plazos está recurrida por el PP en el TC, que tiene mayoría conservadora y la obligación de pronunciarse.