La empresa causante de los graves problemas medioambientales y sanitarios que padece el Gállego desde hace más de tres décadas, Industrias Químicas del Noroeste, SA, más conocida como Inquinosa, tiene una existencia fantasmal que está imposibilitando que pague por los daños causados a la naturaleza desde su implantación en Sabiñánigo en 1975 hasta su clausura a fines de los 80 del pasado siglo.

Condenada en primera instancia en Huesca en el año 2003 por causar graves y continuados riesgos para la salud humana y al medio ambiente por los vertidos de lindano al cauce del río, el Gobierno de Aragón ha ganado pleito tras pleito pero no ha conseguido todavía que Inquinosa abone los 6,4 millones de indemnización que ratificó el Tribunal Supremo en el 2009. Una cantidad que, con los intereses de demora, alcanza ya los 20 millones de euros.

"Ahora mismo se están buscando todos los bienes y propiedades que se pueden pignorar para cobrar la deuda", señala Pilar Molinero, directora general de Calidad Ambiental de la DGA. "No se trata en ningún caso de una búsqueda y captura de la persona, del administrador único de la compañía, Jesús María Herboso Pajarrón, que debe de estar en el País Vasco".

SIN RESULTADOS

Pero este rastreo de los bienes de Inquinosa no está dando resultados, al menos en España. Hasta el momento, lo único tangible que ha hallado el Gobierno de Aragón es la propia fábrica de Sabiñánigo, con sus terrenos, que aún se tienen que descontaminar, por lo que, más que un recurso, supondrían una pesada carga en manos de la Administración autonómica

Por este motivo, los servicios jurídicos del Ejecutivo han pedido a la justicia, en concreto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huesca, que ordene una investigación internacional fuera de España, dado que se sabe que la propia matriz de la empresa química tiene proyecciones en otros países. En este sentido, se sabe que existe una filial en Rumanía, si bien la patente es norteamericana.

En el caso de España, la búsqueda de bienes y derechos de Inquinosa implica a numerosas entidades del Estado, como la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Estatal Tributaria, los registros de lo mercantil y de la propiedad y una serie de entidades financieras, donde se trata de hallar depósitos o posiciones, según informa la DGA, que ha movilizado todos sus recursos para que se ejecute la sentencia condenatoria, que data de junio del 2014.

INVESTIGACIÓN El Ejecutivo también se ha dirigido al Gobierno de Rumanía, a través de la Oficina Económica y Comercial de España en ese país, para que facilite información sobre las actividades de Inquinosa. Asimismo, se ha solicitado información a Estados Unidos sobre una empresa que, al parecer, vende lindano fabricado en Rumanía. Y, al mismo tiempo, la búsqueda se extiende a posibles propiedades que tanto Inquinosa como Herboso Pajarrón, de unos 80 años, pueden tener en el extranjero.