Nunca una palabra como «relator», poco sospechosa de herir sensibilidades, había provocado un debate tan encendido. La oposición habla de «alta traición» y convoca manifestaciones. El partido que sostiene al Gobierno entra en convulsión, con importantes líderes territoriales desmarcándose de la iniciativa. Los destinatarios de este gesto, las formaciones independentistas, que reclamaban una medida de este tipo para no vetar los Presupuestos, señalan que no es suficiente. Pero la Moncloa mantiene la arriesgada apuesta.
Desde primera hora de la mañana de ayer, el Ejecutivo defendió esta figura frente a propios y ajenos. Según dijo, debería limitarse a «convocar» y «tomar nota» de las reuniones de una mesa de partidos catalanes de nueva creación, complementaria a la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, resucitada tras siete años de parálisis del PP. A las nueve, la vicepresidenta, Carmen Calvo, restaba trascendencia a la polémica. «Estamos mirando el dedo y no la Luna», dijo en la Ser. Pero en el Gobierno no debieron de quedar satisfechos con estas explicaciones, porque dos horas y media más tarde la número dos del Ejecutivo volvía a dar la cara desde la Moncloa.
FUNCIÓN «BASTANTE ÚTIL»
Calvo insistió una y otra vez en que la incorporación del «relator» apenas cambiaba nada, que en el fondo no era «ninguna noticia», pero que su función podría ser «bastante útil» para encauzar el debate entre los partidos del Parlament. Porque ahora, dijo, había llegado el momento de encarar las «soluciones políticas», más allá de los «problemas cotidianos» de Cataluña.
«No seríamos un Gobierno digno si estuviéramos en una situación escapista. Eso ya lo hizo el Gobierno anterior -señaló la vicepresidenta-. Es un asunto de carácter práctico. El relator es alguien que puede ayudar a hacer el trabajo. No tiene más. No es un observador internacional. No es alguien que venga a mediar en esta situación».
Sus explicaciones no convencieron. Ni al independentismo, que para no rechazar los Presupuestos piden otros gestos como abordar la autodeterminación, ni al PP y Cs, que convocaron una marcha para el próximo domingo, ni tampoco al PSOE, un partido propenso a incendiarse en los debates sobre Cataluña. Sobre todo, entre los presidentes autonómicos, que temen que la relación del Ejecutivo con ERC y el PDECat les pueda pasar factura en las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo, como ocurrió en diciembre pasado en Andalucía.
El malestar socialista es transversal. Abarca al aragonés Javier Lambán, que habló de «cesiones» que «ponen en cuestión la Constitución». Al castellano-manchego Emiliano García-Page, que se confesó «perplejo» y pidió una cita del Consejo de Política Federal, que reúne a los líderes territoriales del PSOE, para que Pedro Sánchez se explique. Y al extremeño Guillermo Fernández Vara, que señaló que «las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender». Pero también a Luis Tudanca, líder en Castilla y León. Siempre alineado con Sánchez, Tudanca argumentó que el Gobierno se había «explicado muy mal».
LA «DESINFORMACIÓN»
A todos ellos, Calvo les dijo que hablaban desde la «desinformación» y el «desconocimiento». «Cuando intervenimos en público, debemos tener información para poder acertar en lo que decimos», afeó a los suyos.
Fuentes cercanas a varios presidentes autonómicos explicaron que tenían la información que les había dado el Gobierno: «Ninguna». Su temor, coincidieron, es que la sociedad no entienda este tipo de gestos y que además sean «inútiles», si ERC y el PDECat no apoyan los Presupuestos.
En la Moncloa también lo ven difícil, más aún al calor del inminente juicio a los políticos independentistas procés en el Tribunal Supremo, pero insisten en que su obligación es volcarse en el diálogo con Cataluña. «Para saber adónde vas -dijo la vicepresidenta Carmen Calvo-, tienes que hacerte la pregunta contraria: ¿Y si no, qué?».
