La comparecencia del gerente de Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), Jesús Andreu, junto a la de algunos de los interventores del Gobierno, en la comisión de investigación de las Cortes, ha puesto en evidencia la falta de control sobre las empresas públicas. El portavoz del Ejecutivo, Roberto Bermúdez de Castro, dijo ayer que se mejorarán los sistemas, se contratará más personal y más cualificado, si se recomienda en la comisión.
Si la mejora de esos controles sugiere que debe haber más personal, o que tenga más cualificación, o aumentar las partidas de control "lógicamente lo haremos", zanjó Bermúdez de Castro. El gerente de Plaza fue especialmente claro en su denuncia, al asegurar que cualquier auditoría hubiera detectado las presuntas irregularidades que se estaban produciendo en la primera y la segunda fase de la urbanización de la plataforma.
Los interventores que comparecieron justificaron la ausencia de auditorías en la falta de recursos. Durante los años de máximo desarrollo de la plataforma logística, y cuando más dinero de manejaba, no se hizo ni un solo informe. Se retomaron en el 2011; antes, durante los últimos gobiernos del PSOE, solo hubo un informe en el 2006 --que no pasó por el consejo de administración--, y antes en el 2002.
RECURSOS DE FISCALIZACIÓN
La Intervención General de la comunidad autónoma, dependiente de la Consejería de Hacienda, cuenta con un organigrama compuesto por seis áreas-- que tiene que fiscalizar la cuenta general de la Administración y todo el complejo entramado de empresas públicas y sociedades sujeto a otros regímenes jurídicos y que en ocasiones manejan elevados volúmenes de negocio y son de dificultad técnica específica. Además de la interventora general, hay una jefa del servicio de control interno, una jefa del servicio de contabilidad, otro del servicio de aplicaciones de contabilidad y control, un responsable del control financiero de la administración y una responsable del control financiero de las empresas públicas.
Las empresas públicas son sometidas a controles anuales por parte de los órganos de fiscalización y control, es decir, Intervención General y la Cámara de Cuentas, un órgano independiente creado en el 2009 y que cerró la arquitectura institucional aragonesa después de años de debate sobre su creación. A principio de cada año, ambos órganos hacen público su plan de actuaciones de control financiero a realizar a lo largo del ejercicio (en el caso de intervención) o su programa de fiscalización (cámara de cuentas) en el que se da cuenta de las sociedades que van a ser fiscalizadas en ese año. Siempre son inspecciones a posteriori, cuando los responsables de este órgano apuestan porque haya una fiscalización permanente, en especial en las empresas de gran volumen. El Tribunal de Cuentas, dependiente del Estado, también controla.
Además, todas las sociedades mercantiles autonómicas son sometidas a auditorías de cuentas anuales por parte de auditores externos. Recientemente se ha creado la Comisión de Auditorías, compuesta por el consejero de Hacienda, la intervención general, la secretaría general técnica de Economía y un profesional externo.
