El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere que el cierre de la central térmica de Andorra, previsto para el próximo 30 de junio, suponga un desastre económico y social para las comarcas de Sierra de Arcos, el Bajo Aragón y el Bajo Martín. Por este motivo, una representante del Ejecutivo central, Laura Martín Murillo, asesora de Empleo y Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica, presentó ayer en la villa minera un proceso de participación popular para elegir los proyectos de inversión que recibirán apoyo de la Administración, un proceso que, según adelantó la responsable ministerial, deberá estar terminado «al final del otoño» y al que seguirá el denominado convenio de transición.
Entonces, deberá estar lista una lista de iniciativas «para que la gente pueda entender por qué apostamos por ellas, qué inversiones requieren y qué beneficios van a generar en la zona», aseguró Laura Martín, que en la jornada de ayer se reunió con el alcalde de la localidad, Antonio Amador, con el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, y con representantes de los colectivos de trabajadores afectados por la clausura de la central en cumplimiento de las medidas de descarbonización impulsadas por la Unión Europea. Aclaró que el protocolo llegará en marzo y que para el convenio, que se realizará vía Consejo de Ministros, no será preciso esperar a la Ley de Cambio Climático.
El encuentro tuvo lugar en la Casa de Cultura de Andorra y la oferta causó una cierta ilusión entre los representantes de los empleados de la central y de las contratas, así como entre los empresarios de la zona. En Madrid, dijo la asesora, existe la voluntad de que la experiencia de Teruel se aplique a otras zonas de España.
«Primero lanzamos un proceso participativo para dar voz a todo el territorio para que nos haga llegar cualquier actividad, cualquier proyecto de inversión que tenga sentido en la zona», afirmó la asesora del Ministerio de Transición Ecológica. El objetivo, explicó ante unas 70 personas, es tener toda la información disponible «para no tomar decisiones aceleradas en un proyecto de futuro común».
En la reunión se presentó además un diagnóstico de situación con el impacto que tienen los cierres registrados el territorio, con la pérdida de 504 empleos. «Esto nos compromete como Administración a actuar». «Se trata de hacer lo suficiente para que se mantenga empleo de calidad en la zona y la gente pueda tener posibilidades de empleo hoy y en el futuro», subrayó Laura Martín, que recalcó que ya están llegando proyectos.
El siguiente paso, tras el proceso consultivo, es hacer análisis de viabilidad de los proyectos para que aquellos con los que se comprometa el Gobierno salgan adelante y tengan una buena evaluación de su viabilidad económica, ambiental y de beneficios asociados, prosiguió. Sin embargo, adelantó la enviada del Gobierno de Madrid, la vía ahora iniciada constituye un proceso complejo. De momento, el primer paso es plantear un calendario en el que el proceso participativo estará abierto un tiempo concreto. Mientras tanto se analizarán proyectos e iniciativas, en paralelo con otro procedimiento para la subasta y adjudicación de más de mil megawatios de energías renovables.
Endesa, a por 50 megawatios
Laura Martín fue tajante al afirmar que «la térmica no cerrará el 30 de junio, sino cuando el Gobierno lo autorice, en función de un proceso de cumplimiento de diferentes trámites administrativos». «A partir del 30 de junio no va a entrar en red, pero eso no significa que el cierre vaya a ser ese día», insistió. Martín destacó que están llegando «un montón de iniciativas y que tenemos que se van a estudiar en busca de las mejores».
«Queremos empezar cuanto antes a generar puestos de trabajo y ya tenemos preparados dos proyectos, uno de ellos de 50 megawatios para empezar a principios de otoño en Andorra», manifestó Ignacio Montaner, director general de Endesa, que señaló que la empresa ha elaborado un pliego de condiciones para el desmantelamiento de la central que exige un 30% de mano de obra local.
Roberto Miguel, de la asociación de empresarios de Andorra-Sierra de Arcos, manifestó que se han creado «expectativas». «Se trata de ser optimistas y de ver qué somos capaces de aportar en el proceso participativo», indicó, al tiempo que pidió «justicia fiscal» para el territorio.
