La Generalitat deberá pagar en colegios privados las clases en castellano a las familias que los pidan. O la Generalitat asume directamente el coste o el Estado lo adelanta y posteriormente descuenta el montante equivalente de la financiación que recibe de la administración central. Una decisión que provocó ayer el rechazo total de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, que la consideró "imposible de aplicar", "predemocrática" y "recentralizadora". De momento, el ministerio calcula en 5 millones de euros el dinero que tendría que adelantar en base a una estimación de 1.000 solicitudes de alumnos. La Generalitat, por ejemplo, asegura que en este curso solo 17 familias pidieron este tipo de enseñanza. Wert consideró que si la cifra se dispara por la demanda o el atractivo que pueden ofrecer prestigiosos colegios privados bilingües o trilingües, la Generalitat tiene la posibilidad de frenarla ofreciendo estudiar con el castellano como lengua vehicular en colegios públicos o concertados. Para ello, el Gobierno intentará que la UE ponga la mitad de los 400 millones de euros que le supondrán al Ejecutivo central los cambios.