La ejecución del artículo 155 de la Constitución vive hoy su primer día laborable y llega el momento de saber cómo será la vida administrativa de una Cataluña intervenida y en la que el Govern cesado no se siente como tal y cree estar dando los primeros pasos de una república. Según ha sabido este diario de fuentes gubernamentales, desde La Moncloa se ha marcado como prioritaria y urgente la toma de control en las consejerías de Interior, Hacienda, Fomento y Energía, además de un despliegue en el propio Palau de la Generalitat, donde acudirá este lunes el Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, el aragonés Roberto Bermúdez de Castro -persona de confianza de Soraya Sáenz de Santamaría-, para supervisar en persona el obligado traspaso competencial.

Roberto Bermúdez de Castro (Huesca, 1971) fue consejero de Presidencia, Justicia e Interior y portavoz del último Gobierno de Luisa Fernanda Rudi y dejó su acta de diputado en las Cortes de Aragón para dar el salto a Madrid en noviembre de 2016, directamente al departamento de Soraya Saénz de Santamaría.

PUENTE AÉREO / No será el aragonés el único secretario de Estado que se traslade hoy a Barcelona. Está previsto que también haga lo propio en las próximas horas el de Infraestructuras, Transporte y vivienda y poco a poco lo irán haciendo los de distintas áreas, que desde este momento y hasta que se celebren los próximos comicios harán frecuentes viajes en el puente aéreo o el AVE. Desde el Ejecutivo central se da por hecho que estos cargos podrían cruzarse con consellers o personal de su confianza que, a lo largo de la semana, acudan a los que han sido sus centros de trabajo a recoger sus efectos personales. De producirse intentará resolverse con «prudencia y naturalidad», apuntan las fuentes consultadas.

Añaden que, en principio, no se cuenta con resistencia a la desocupación en estos centros oficiales que serán visitados a menudo por personal de la Administración central y que también se supervisarán, en el día a día, de forma telemática y a través de comunicación oficial. Es previsible que sea este lunes cuando se adopten las primeras decisiones para reclamar información y datos que se creen imprescindibles para tomar las riendas y que, además, se empiecen a revocar prebendas ligadas al puesto de consejero. Para coordinar estas y otras iniciativas que se vayan adoptando La Moncloa sopesa crear una comisión delegada para Cataluña.

Así, las noticias de ámbito judicial y las declaraciones políticas se irán mezclando con la toma de las distintas áreas de la Generalitat. Y con las llamadas o citas que se han planificado para que desde las sedes ministeriales se informe al personal que en principio sigue a los mandos de las consejerías de cuáles son, para el Gobierno de Rajoy, los objetivos con los que se implementará el 155 hasta que un nuevo Govern salga de las urnas.

NORMALIDAD / Según las fuentes consultadas por este diario, se ha recomendado expresamente desde La Moncloa que se insista en transmitir «normalidad» en esas comunicaciones y en subrayar que no se busca la anulación del autogobierno ni el control gratuito de las competencias reconocidas a Cataluña, sino «la vuelta a la legalidad» y a «la neutralidad institucional», dentro del marco de la Carta Magna y el estatuto catalán.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado tiene decidido presentar hoy mismo una doble querella por rebelión contra los artífices de la declaración unilateral de independencia (DUI). Un primera demanda, contra el ya expresident Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto del depuesto Govern se presentará en la Audiencia Nacional, que se sumará a la ya abierta por sedición contra el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero. Pero habrá una segunda querella en el Tribunal Supremo, la que afecta a presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa Lluís Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet.

PÉRDIDA DE AFORAMIENTO / El motivo de esta distinción es que los miembros del cesado Ejecutivo catalán acaban de perder el aforamiento tras la disolución del Parlament ordenada desde el Gobierno central. En cambio, los miembros de la Mesa de la Cámara autonómica siguen siendo aforados al pertenecer a la Diputación Permanente, órgano que dirige el Parlament durante el tiempo que está disuelto o de vacaciones. La querella del tribunal Supremo la llevará el magistrado Pablo Llarena, que es previsible que no se demore en admitirla, según fuentes jurídicas.

En un principio, se contaba con una única querella en el Supremo, pero la sorpresiva decisión de Mariano Rajoy de disolver el Parlamento catalán el viernes ha supuesto que el núcleo fundamental de personas contra las que se dirigirá la actuación fiscal ya no sean aforadas.

En la Audiencia Nacional ya se investiga por sedición a Josep Lluís Trapero, la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Estos dos últimos, en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real.