El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han actuado de manera opuesta con Torre Village. El primero, en manos de la coalición PSOE-CHA, ha puesto todas las facilidades a su alcance para impulsar la iniciativa de Iberebro por su repercusión económica -más de mil empleos directos y una inversión de 111 millones-. El segundo, gobernado por ZeC, ha optado por ponerle chinas al considerar que perjudicaba al pequeño comercio.

Lo que llama la atención fue la manera en que la DGA bendijo el centro comercial proyectado. Al igual que ha hecho con otras muchas inversiones empresariales, le otorgó la declaración de interés autonómico, que permite agilizar y reducir la tramitación administrativa. Lo chocante es que lo hizo por silencio administrativo, es decir, dejó espirar el plazo para dar respuesta a la priorización solicitada por los promotores del complejo. La «falta de resolución expresa» permitió dar por estimada la petición, tal y como certificó el consejero Vicente Guillén en un documento a petición de los dueños de Pikolín. Esta calificación no es baladí. Gracias a ella, se pudieron iniciar las obras de construcción antes incluso de tener la licencia comercial.