El Gobierno de Mariano Rajoy ha pasado de dejar morir el sector del carbón a convertirse en su mayor valedor, al menos de palabra. El cambio se produjo con el cambio de legislatura y el nombramiento de Álvaro Nadal como ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, quien ayer visitó Zaragoza y volvió a hacer una encendida defensa de las centrales que queman este mineral, como la de Andorra. Esta tecnología es «imprescindieble», aseguró, para garantizar el suministro eléctrico en España y evitar que se dispare el precio de la luz, algo clave para la competitividad de la industrial. Para frenar el cierre de estas centrales, como tiene previsto hacer Endesa con la de Teruel en el 2020, Nadal planteó una nueva estrategia que pasa por dar «rango de ley» al decreto ya esbozado por el Ejecutivo para regular estas clausuras.

El órdago de Nadal se concretará con la presentación en el Congreso por parte del PP de una proposición de ley para regular el cierre de las plantas de carbón y las nucleares. Con esta vía se pretende dificultar que las eléctricas bloqueen la medida en los tribunales, cuyo riesgo era muy alto en caso del fallido decreto. El ministro, que tiene abierta una batalla con Iberdrola y -en menor medida- Endesa por las reformas energéticas, avanzó que la propuesta de ley recogerá las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al decreto ya elaborado por el Gobierno.

A pesar de la vehemencia con que Nadal defiende el carbón, el cauce parlamentario presenta también riesgos y no está garantizado que pueda blindarse así el futuro de la térmica de Andorra, de la que dependen en la zona de forma directa en torno a 600 empleos (incluyendo la actividad minera). El resto de partidos no tienen una posición clara al respecto y se mantienen expectantes hasta conocer la propuesta del PP, que la prevé presentar la próxima semana. Las razones medioambientales generan una fuerte controversia en el seno de casi todos los grupos políticos ya que el carbón es hoy la principal fuente emisora de gases de efecto invernadero en el planeta.

DUDAS EN LOS PARTIDOS

Ante las dudas que puedan surgir, el ministro instó al resto de partidos a apoyar la iniciativa del PP. «Tiene bastante lógica que los cierres se hagan de manera ordenada», aseguró, al tiempo que destacó la eficiencia y rentabilidad de la térmica de Andorra. Nadal también reconoció que el proceso para que esta ley vea la luz es incierto. «Se puede dejar dormir en el sueño de los justos si los grupos parlamentarios prolongan los plazos con enmiendas o tramitarse de urgencia en dos meses y medio», aseveró. Defendió igualmente que el carbón no es «incompatible» con los objetivos medioambientales de emisiones de CO2.

Los sindicatos aplauden a Nadal por la defensa que hace del carbón y ven con buenos ojos la proposición de ley, pero lamentan que no se busque un consenso suficiente con otras fuerzas políticas y con los agentes sociales antes de su presentación en el Congreso. «La sensación que da es que están esperando a que el PSOE vote que no o se abstenga para echarle la culpa», apuntan fuentes de UGT Aragón.

El propio presidente aragonés, Javier Lambán, que firmó ayer con Nadal un convenio para impulsar el desarrollo de infraestructuras en las comarcas mineras, dejó entrever algunas discrepancias en el seno del PSOE. Aunque es partidario de dar potestad al Gobierno para «intervenir en el hipotético cierre de una central», no dio por garantizado el apoyo de los socialistas a nivel nacional. En este sentido, explicó que el PSOE apuesta por «una transición energética ordenada que no cause quebrantos irreversibles» en las zonas mineras ni comprometa la actividad económica industrial por el encarecimiento de la energía.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Las empresas eléctricas no han dudado en dar luz verde a las inversiones necesarias para adaptar las centrales de carbón importado a la normativa medioambiental europea, pero no así con las que se abastecen del mineral nacional. A pesar de ello, Nadal rechazó que las compañías estén haciendo «un chantaje» al Gobierno en esta materia y dijo comprender que no clarifiquen el futuro de estas instalaciones ya que «necesitan tener cierta seguridad» sobre sus inversiones ante los eventuales cambios de gobierno que se produzcan en el futuro. «Nadie invierte cuando hay incertidumbre. Por eso es importante el consenso en estas cosas», concluyó.

El titular de Energía confirmó que Endesa no ha presentado aún ninguna solicitud oficial para cerrar las centrales carboneras de Andorra y Compostilla, como sí hizo hace unos meses Iberdrola con las plantas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), lo que generó una polémica por el rechazo del Gobierno a la decisión. No obstante, Endesa mantiene que no se dan las condiciones regulatorias que hagan viable la continuidad de dichas térmicas más allá del 2020.

En esta tesitura, la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que trabaja el Gobierno se antoja decisiva para que Endesa cambie de planes y revierta el cierre. La clave está en conocer qué porcentaje del mix energético se reservará al carbón nacional, algo que Nadal no quiso precisar ayer en Zaragoza a preguntas de los periodistas. «La idea del Gobierno es mantener una fortísima presencia del carbón», se limitó a decir, al tiempo que recordó que esta tecnología «sigue siendo muy importante» para el país, ya que con el 9% de la capacidad de generación produjo el 14% de la luz en el 2017.