La decisión del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) de tomar el control de todas las sociedades municipales del Ayuntamiento de Zaragoza amparándose en la ley de capitalidad podría tener los días contados. Tiene, desde ayer, diferentes frentes abiertos que, en paralelo, apuntan a anular el polémico artículo 14 en el que justifica su imposición de anular la representatividad del pleno en la toma de decisiones de las mismas. Todos ellos conseguirían, de una u otra forma, reestablecer esa normalidad democrática que reclamó ayer de nuevo la oposición en el consistorio, que también anunció su estrategia de contragolpe.

Pero el más contundente es el liderado por el Gobierno central y ni siquiera surgió al calor de su asalto a los consejos de administración. El pasado mes de diciembre abrió el camino a un recurso de inconstitucionalidad que ahora está estudiando. Entonces ya manifestó sus reparos de legalidad a la ley, a este y a otros artículos, pero decidió no acudir al Tribunal Constitucional (TC). Y, frente a todo esto, el alcalde Pedro Santisteve solo se refirió a esta polvareda asegurando que él va a «acatar la legalidad».

El Gobierno de España analiza la adecuación de todas las leyes autonómicas a la Constitución, e incluyó esta en la comisión de seguimiento de hace dos meses. Pero concluyó que «aun existiendo preceptos que ofrecían dudas, no se iba a formular recurso de inconstitucionalidad por el momento», aseguraron fuentes oficiales del Ejecutivo central.

COOPERACIÓN

Se optó por abrir un «procedimiento de cooperación», invocando el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC). Nada tiene que ver, por tanto, con lo que ZeC impuso en febrero, ni con el informe de dos catedráticos encargado por el PP, el PSOE y Ciudadanos (Cs) en el consistorio. Suponía iniciar una vía de conciliación que «dilata el plazo para recurrir la ley a nueve meses», es decir, que hasta septiembre tiene tiempo para hacerlo. Así, se comunicó al TC la apertura deese diálogo con el Gobierno aragonés que, según ha podido saber este diario, no se iniciará hasta finales de marzo. Tratarán el asunto en una comisión bilateral de carácter técnico, y «si encuentran interpretaciones acordes a la Constitución y el Gobierno de España así lo considera, no habrá recurso y el procedimiento terminará», según fuentes oficiales del Gobierno. Si no, Madrid sí interpondrá recurso, siempre antes de septiembre. Mientras, los artículos en duda, el 14 y los demás, seguirán vigentes. Solo con él llegaría la «suspensión automática». Así, el acuerdo saldrá «en breve» en los boletines oficiales del Estado (BOE) y Aragón (BOA).

Pero el frente más inmediato al que se enfrenta ZeC es el que anunció ayer la oposición en bloque. Los portavoces de PP, PSOE, Cs y CHA pactaron elevar a un pleno extraordinario tres propuestas llamadas a cortocircuitar este asalto a las sociedades. El más rápido, amparándose en el informe encargado a dos catedrá- ticos de Derecho, es bloquear los fondos de sus presupuestos dedicados a inversión y subvenciones. Al aprobarlo, solo podrán pagar nóminas y gasto corriente.

La segunda es la modificación del reglamento orgánico municipal y fijar la composición de los consejos. La tercera, impulsar la transformación de las sociedades en entidades públicas empresariales y, al cambiar su naturaleza de privada a pública, respetar la mayoría plenaria en ellos.