La amplia operación por el presunto amaño de adjudicaciones de contratos públicos de control de tráfico, como semáforos y videocámaras, salpicó, además de al PP y al PSOE, por primera vez a Ciudadanos, ya que entre los más de 30 detenidos figura el alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, así como Sadat Maraña, asesor de la Diputación de León, y el portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y diputado provincial, Juan Carlos Fernández. Desde el partido de Albert Rivera anunció que se expulsará a los imputados.

Entre la treintena de detenidos figuran alcaldes, cargos municipales y empresarios, entre ellos José Luis Ulibarri, investigado por el caso Gürtel. Pero el ámbito principal de la trama es la gestión de policías locales, de ahí que, además de los aragoneses, figuren otros jefes de cuerpos municipales como el de Vélez-Málaga o Fuenlabrada, en Madrid.

Los hechos presuntamente delictivos se remontan, sobre todo, al 2012 y el 2013, aunque algunos contratos datan del 2010. Los investigadores sospechan que no solo se amañaban adjudicaciones, sino que también se manipulaban datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con una finalidad puramente recaudatoria. La empresa pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y policías locales. Otra mecánica era inflar el precio del servicio de manera desproporcionada.

En algunos de los consistorios requeridos, como sucedía en los de Huesca y Teruel, no les constaban relaciones con Gespol, aunque a petición de la UDEF, preparaban documentación de expedientes de contratación de sistemas de control de tráfico. Así lo explicó, por ejemplo, el ayuntamiento de Pineda de Mar, en Barcelona.

Está previsto que solo 15 detenidos ayer en todo el país pasen a disposición judicial.