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La crisis catalana

El ‘Govern’ eleva la apuesta y exige hablar de autodeterminación

Esquerra y Artadi piden poner fin a la «represión», concepto que no está en el texto. El documento enviado a la Moncloa incorpora esa reclamación

 

El ‘president’ Torra, ayer, ante la mirada de la líder de Cs Arrimadas. - ALBERT BERTRAN

FIDEL MASREAL
07/02/2019

A la negociación entre el Gobierno y la Generalitat sobre la tramitación o no de los Presupuestos Generales del Estado hay que añadir una batalla paralela, que no es nueva, y es la constante tensión existente en el seno del independentismo sobre qué grado de exigencia adoptar en las relaciones con el Estado. Así, mientras el Gobierno asumía el chaparrón de la derecha y extrema derecha, y también de parte del PSOE, por aceptar una figura neutral en la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán, en el seno del soberanismo conviven posiciones distintas sobre hasta qué punto subir la apuesta, redoblar las exigencias, una vez que se consiga, probablemente, implantar la figura del relator.

Fuentes del Govern atribuyen a Esquerra el hecho de haber incrementado las exigencias. Según esta versión, al ver la posición templada de la portavoz del Ejecutivo, Elsa Artadi, en la comparecencia de este martes, los republicanos quisieron incrementar las demandas. Sergi Sabrià, de ERC, añadía a la figura del relator dos exigencias: que se hable explícitamente del derecho de autodeterminación de Cataluña y de poner fin a la «represión» contra el soberanismo. JxCat atribuye esta actitud de Esquerra a la cercanía de las elecciones municipales y la inminencia del juicio del 1-O.

Fuentes de Esquerra señalaron que no hubo variación alguna entre lo aportado por Joan Tardà por la mañana y lo que dijo Sabrià, ya por la tarde.

Pero la cuestión es más complicada que un simple desencuentro entre el sector JxCat y ERC. Y es que, según fuentes soberanistas, también en este primer espacio se viven tensiones internas para que no se afloje en relación al Estado. No en vano, la propia Artadi subrayaba ayer en varias intervenciones que sí, que para ella y para el conjunto del Govern también es condición necesaria para tramitar las cuentas estatales no solo que se cree una mesa con la figura del relator, sino que este foro de diálogo aborde la autodeterminación y la cuestión de la «represión».

Según fuentes conocedoras del texto, en el documento de trabajo que el Govern ha hecho llegar al Estado para encarrilar la creación de las mesas de negociación, se menciona no en una, sino en varias ocasiones la referencia a la autodeterminación. Incorpora nombres de posibles relatores o o facilitadores, del ámbito internacional, fija un calendario y describe la composición de las tres mesas de diálogo: la que dependa de la comisión bilateral Estado-Generalitat, la de partidos catalanes y la de fuerzas políticas estatales, esta última con dos sillas para el PSOE, dos para Podemos, dos para Esquerra y dos para el PDECat. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, había bendecido en privado esta ultima mesa, según Artadi. La consellera de Presidencia insiste en que la figura del relator o mediador serviría, entre otras cosas, para evitar este doble discurso.

El documento no habla, en cambio, de poner fin a la represión como condición sine qua non para iniciar el diálogo. Y sí hace referencia a la seguridad jurídica, un concepto utilizado en la declaración conjunta de ambos gobiernos tras la cumbre de Pedralbes del 20 de diciembre. Una seguridad jurídica vinculada a la legalidad internacional.

La consellera ha emplazado al Gobierno a decidir si quiere avanzar frente a la salida en tromba de la derecha y ultraderecha con movilizaciones. «Esto ha de motivar más al Gobierno a decidir de qué lado está», apuntó, «si decide tener altura de miras, si Pedro Sánchez quiere buscar soluciones políticas y decidir que se reafirma en el diálogo y en soluciones políticas y democráticas». En un infinito juego de espejos, el Govern cree que la Moncloa prefiere no aprobar sus Presupuestos con el independentismo, mientras el independentismo debate si debe tramitarlos o no y cómo.

   
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