«Ha sido un año y, desde que terminó la entrega de la documentación, en septiembre, hasta ahora, que han empezado a abonar, un periodo bastante angustioso», destaca Marina, una vecina de Zaragoza de 53 años que solicitó estas ayudas y que ha sufrido los efectos de la demora en el cobro.

«A cuatro meses de nuestro alquiler hemos podido hacerles frente gracias a la ayuda de familiares», relata sobre su situación y la de su pareja, que en su recorrido anterior se vieron obligados a vender su casa «para hacer frente a la deuda». «Nos tuvimos que ir de alquiler», indica. Sobre este escenario, explica la dificultad que suponen los precios de los arrendamientos, están «por la nubes».

Marina relata que, afortunadamente, en su caso han contado con la comprensión del arrendatario, que les ha permitido retrasar el pago de algún mes o hacerlo de manera parcial para completarlo más tarde.

También incide en que ella y su pareja no viven con hijos, pero es conocedora de otros casos «más graves» mediante la plataforma Stop Desahucios, de la que forma parte.

«Son muy importantes», asevera acerca de estas ayudas, y critica que la convocatoria sea a tres años. «Los que ahora las necesitan y no las tienen se ven perjudicados, debería ser anual. O ciertas personas que se han quedado fuera porque no han presentado algunos recibos, o que tienen una pequeña deuda con el agua. O los que cumplían los requisitos y no han podido entrar», asevera.

Por estas cuestiones y de cara a mejorar siguientes convocatorias, Marina cree que «deberían hacer una investigación sobre cómo está la situación y luego hacer el programa. Hablar con los asistentes sociales, con plataformas como Stop Desahucios y ver qué se encuentran», concluye .