El Ministerio de Hacienda ofreció ayer a las comunidades autónomas una compensación por el IVA pendiente del 2017 consistente en tomarlo en cuenta para calcular el déficit del pasado año 2019, de forma que este se reduciría en unas dos décimas. Una posibilidad que el Gobierno de Aragón estudiará, aunque en su caso difícilmente le salvaría de incumplir el objetivo fijado.

Esta solución intermedia fue puesta sobre la mesa ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y fue acogida con suspicacia por las comunidades gobernadas por el PSOE -salvo Castilla La Mancha, que la ve directamente «absurda»- y con rotunda oposición por las del PP.

Una ecuación parecida a la que se dio a la hora de abordar el objetivo de déficit para los próximos cuatro años, que salió adelante con los once votos de las comunidades del PSOE, Melilla (regida por Ciudadanos) y el propio ministerio, que también tiene voto.

Así, el objetivo de déficit para este año, que en teoría era del 0,0%, quedará fijado en 0,2%. El del año que viene se reducirá al 0,1% y no será hasta el 2022 cuando llegue la obligación de alcanzar el equilibrio presupuestario. Esta decisión fue dividida en dos votaciones y Aragón votó a favor en las dos, como lo hicieron Asturias, Baleares, Cantabria -donde el PSOE está coaligado con el PRC-, Castilla La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Por contra, las cinco comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León) y Ceuta votaron en contra.

Faltaron por votar Navarra y País Vasco, que se acogen al régimen especial, y Cataluña, que se abstuvo y luego criticó la decisión «unilateral» del órgano sobre la flexibilización del objetivo de déficit.

Este era el asunto teóricamente principal de la reunión del CPFF de ayer, que se convocó tras año y medio sin hacerlo y apenas un mes después de constituido formalmente el Gobierno estatal. Pero la mayoría de las comunidades autónomas tenían entre ceja y ceja la reclamación del IVA pendiente, y una gran parte de la larga reunión, de más de cuatro horas, se centró en eso.

El PP, cuyos consejeros autonómicos se reunieron por la mañana para fijar una postura común y denunciar al Ejecutivo por el impago (los que no lo habían hecho ya), llamaba a los socialistas, entre ellos Lambán, a unírseles y plantar cara al Gobierno central en este asunto. Pero la propuesta de la ministra consiguió como mínimo descolocar a algunos, y habrá que esperar para comprobar si se producen nuevas denuncias.

En resumen, la ministra Montero trasladó a los consejeros autonómicos, entre ellos el aragonés Carlos Pérez Anadón, que el Gobierno de España no tendrá en cuenta la parte del déficit imputable al IVA impagado el año pasado. Así, en conjunto, si las comunidades autónomas cerraron el ejercicio pasado con un déficit estimado del 0,5% (aún no está calculado definitivamente), los 2.500 millones de euros pendientes de pago lo dejarían en un 0,3%.

NO LLEGARÍA

En el caso de Aragón, los 80 millones de euros que se le adeudan computarían como un par de décimas en el objetivo de déficit. Pero, considerando que la propia DGA lo estimaba en un 0,6%, ni siquiera con esta rebaja alcanzaría el 0,1%, que era el objetivo. El balance provisional de diciembre reflejaba 145 millones de euros de desfase, y los cálculos del ministerio normalmente lo amplían.

Además de esta propuesta de compensación, la ministra anunció también la puesta en marcha de un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extra, a un interés cero. Aragón no se encuentra actualmente adscrito al FLA, aunque sí al Fondo de Facilidad Financiera, y no quedó claro si todas las comunidades podrían acogerse a este fondo sin intereses.

Así pues, incluso si el Gobierno de Aragón aceptase esta compensación, todo hace indicar que incumpliría el objetivo de déficit del 2019, lo que le obligaría a adoptar un Plan Económico Financiero (PEF) que a su vez lastraría los presupuestos de este año 2020. Aunque estos contarán con la ventaja de estar teóricamente pensados para no tener déficit, cuando ahora podrán sufrir un desfase del 0,2% sin castigo.

A nivel general, según la idea del ministerio, con esta compensación con el objetivo de déficit, las comunidades que alcanzasen el 0,1% habrían cumplido.

La solución puede ser imaginativa, pero no fue acogida por las comunidades, en general. Estas priorizaron el pago y rechazaron además más endeudamiento, en particular las que ya presentaban superávit, que obviamente no necesitan esta flexilibización, sino el dinero que se les debe.

Para ellas, entre las que no se encuentra Aragón, sí hubo el compromiso de crear un grupo de trabajo, también con las entidades locales, para abordar la flexilibización de la regla de gasto, de forma que puedan invertir en áreas que ahora tienen vedadas pese a ingresar más de lo que gastan.

Los consejeros, entre ellos el de Aragón, también acudían a esta cita con la intención de abordar el debate de la financiación autonómica. Al respecto, hubo quien, como Pérez Anadón, vio buena disposición en la ministra, pero esta también reconoció que el Gobierno todavía no tiene un calendario fijado para esta reforma, más allá de la «voluntad» de que esta negociación se desbloquee «a lo largo de la legislatura».