El Ministerio de Hacienda aprobó el pasado diciembre del 2017 una nueva normativa que obliga a las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico como Airbnb o HomeAway a enviar a la Agencia Tributaria -a partir del 31 de enero de 2019, aunque con carácter retroactivo sobre su actividad del año 2018- información relativa a los propietarios y clientes de estas plataformas.

«Es magnífico, es la única y muy importante medida tomada por el Gobierno», precisa el presidente de Exceltur, algo en lo que coinciden HomeAway, la CNMC y la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) donde tildan de «la mejor noticia del año» la medida porque, argumentan, hará descender la oferta. «(Esta norma) reducirá la oferta, porque esta palanca fiscal hará que a muchos usuarios no les interese hacer esa declaración y decidan mantener la vivienda vacía, destinarla a alquiler residencial o venderla», explicó el presidente de Fevitur, Bartolomé Gomila.

Pero las plataformas no quieren que las viviendas sean consideradas un servicio, lo que comportaría una regulación más estrecha de la actividad. «A todos nos une esa necesidad de regulación, el problema es cómo se desarrolla», explican desde la plataforma HomeAway y proponen ante un gran desarrollo de la oferta, como ocurre en muchas ciudades, «regular de forma razonable, respetando aquella oferta que cuenta con un número de registro, cumple todo y ha hecho una inversión, y estableciendo, por ejemplo, cuotas a la concesión de nuevas licencias, para tratar de equilibrar».

Sin embargo, en lo que no ceden es en que se les atribuya a ellos el control «previo» de los contenidos que albergan porque no consideran que sea su competencia. Como tampoco quieren que estas viviendas sean consideradas como servicio y estén supeditadas al suelo de servicio y no al residencial.

«UN NEGOCIO PURO Y DURO» / Para el portavoz de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, las viviendas turísticas son «un negocio puro y duro» y «cada vez más», por lo que cree que «tienen que ser reguladas tras un análisis en profundidad a escala regional y local que establezca el impacto que tiene en los diferentes barrios».

Zoreda emplaza al nuevo Gobierno a abordar esta problemática «con una visión de Estado, con un criterio de conciliar intereses al máximo y entre autoridades públicas (CCAA y ayuntamientos) para ser líderes en establecer un marco de actuaciones fiscales, urbanísticas y de consumo». A todo este caos legal hay que sumar la postura de la CNMC, que, como garante de la libre competencia, ha requerido a varias comunidades la modificación o retirada de algunas de sus medidas.

No obstante, la entidad no comparte que estos modelos de alquiler vivan al libre albedrío, sino que ve importante que se regulen «cuando sea necesario y de forma proporcionada», al tiempo que creen necesario «revisar la regulación que tienen los agentes ya establecidos».