El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los representantes sindicales de CSIF, CCOO y UGT firmaron ayer el primer acuerdo general en la función pública en los diez últimos años. El pacto incluye una subida salarial para los empleados públicos de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante el trienio 2018-2020, en función de cómo evolucione el crecimiento económico (el PIB)y del cumplimiento del objetivo de déficit público del 2020.

Además, el pacto devuelve a las administraciones públicas la negociación colectiva siempre que cumplan las reglas de estabilidad presupuestaria. Así, las autonomías o ayuntamientos que cumplan las tres reglas de déficit, deuda y gasto tendrán capacidad para negociar la jornada semanal de 35 horas, la prestación del 100% del salario en casos de baja por enfermedad o el desarrollo de planes de igualdad. También será posible incluir dentro de esta negociación colectiva la constitución de una bolsa de horas recuperables para el cuidado de menores, mayores o discapacitados o la posibilidad de jornada intensiva para el cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados.

Además, las administraciones que se ajusten a las estabilidad presupuestaria podrán aplicar una tasa de reposición del 100% de todas sus bajas más una bolsa del 8% para los sectores en los que consideren necesario un refuerzo adicional. Por otra parte, se refuerza el proceso de estabilización de empleo público, por la vía de convertir interinos en fijos. El acuerdo se incorporará al proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 que el Gobierno prevé aprobar el día 23 de marzo.

El ministro de Hacienda destacó que es «la primera vez en la historia española» en que los salarios de los empleados públicos van a crecer en función del crecimiento económico. «Hay crecimiento económico y es el momento de revertirlo hacia quienes protagonizan la prestación de los servicios, que son los funcionarios y los trabajadores de las empresas», dijo el ministro en un mensaje muy claro a los representantes de los empresarios y de los asalariados. «El sector privado debería tomar nota de lo que estamos haciendo aquí», añadió.

Según el ministro, el acuerdo para la función pública debería servir de ejemplo en la referencia salarial del PIB y en los objetivos de creación de empleo, estabilidad de contratos y conciliación familiar. «También en estos terrenos la función pública debe liderar», añadió el ministro tras la firma del acuerdo. «No hablamos de concesiones ni de privilegios, sino de lo que le corresponde a la sociedad española en términos de crecimiento y de recuperación de empleo».

UNA PARTE VARIABLE

Concretamente, el acuerdo recoge una subida salarial fija para los funcionarios del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB.

Así, para un crecimiento del PIB que sea igual o superior al 2,5% en 2019 y 2020, la subida sería de un 2,5% en el 2019, y un 3% en el 2020. En esos dos años, para un crecimiento inferior al crecimiento del PIB del 2,5%, el incremento disminuirá proporcionalmente a la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5%, según el comunicado emitido por Hacienda. En ningún caso, aclaran fuentes del Ministerio, la subida quedaría por debajo de los mínimos garantizados, del 2,25% y el 2% para el 2019 y el 2020.

Por último, se añadiría un 0,55% adicional en 2020 por el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

El acuerdo también conllevará la creación de empleo neto, estableciéndose tasas de reposición superiores al 100% en casi todos los sectores y servicios prioritarios. Esto significa que a la plantilla se incorporará más personal del que se jubile. Así, el pacto entre Hacienda y los sindicatos supone reforzar el suscrito en marzo del año pasado, con lo que se universalizará el proceso de estabilización y permitirá rebajar la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas al 8% en el periodo 2018-2020.