La sociedad Zaragoza Alta Velocidad se ha convertido en los últimos años en un pozo sin fondo en el que las tres administraciones están metidas. Es ya un abismo en el que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza están más expuestos que un Ministerio de Fomento que, escudado en dos empresas como Renfe Operadora y Adif, no solo puede pasar mejor de puntillas sino que perfectamente puede condenar a la capital aragonesa al más absoluto de los olvidos en la inversión en infraestructuras para los próximos ejercicios. Este último no solo soporta mejor la amortización de deuda y sus elevados intereses, sino que el dinero que adelantó en su día para hacer obras es tanto que lo máximo a lo que puede aspirar la ciudad es a que algún día, quizá cuando se liquide la deuda y la sociedad, esta le sea perdonada. Él se olvida de ese debe y Aragón de los proyectos pendientes. Ese es el trato.

Pero los tres actores principales están a otra película en estos momentos: saldar la deuda con los bancos en el 2019. Y el Ministerio de Fomento, junto a Renfe y Adif, ha cambiado el perfil de su personaje. En diciembre hará un año que el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, entonces secretario de Estado de Infraestructuras, aterrizó en Zaragoza para anunciar que ZAV pondría a la venta todos sus suelos para reducir la deuda con los bancos. Todo lo posible, al precio que fuera y en el menor plazo posible.

NI UN METRO CUADRADO

Pero aún no se ha sacado a subasta un solo metro cuadrado de suelo. Y no es porque ahora valgan un 60% menos de lo que costaban hace seis años. O al menos no solo es por eso. Lo cierto es que la visión de Fomento no tiene muy en cuenta la del resto de socios. O más bien la del ayuntamiento, que con un color político distinto es la única que le está haciendo frente. Ninguno se pronuncia públicamente sobre sus intenciones a futuro --de soluciones mucho menos--, pero de las tres, la DGA es la única que habla abiertamente de marcharse cuanto antes (como desea el resto también) pero lo hace de una forma que solo despierta la carcajada en aquellos que conocen mínimamente los detalles de las cuentas de ZAV.

La realidad es que sus acciones ahora no valen nada. Bueno, en realidad sí, ya quien se las quede deberá asumir los 110 millones que debe devolver a los bancos antes del 2019 y los cien que debería retornar al Adif por el dinero adelantado en obras todos estos años. Así, se puede cuando quiera. El Gobierno aragonés y el ayuntamiento también, si quiere. Pero las arcas de ambos no están para esas alegrías. Así que suena a frivolidad. Aunque sí podría tener un papel más decisivo que ser un mero espectador.

El problema está en que Fomento necesita al ayuntamiento y este no va a ser tan obediente. Sobre todo porque lo que se pida acaba en el cajón del titular de Urbanismo en el consistorio, Carlos Pérez Anadón, y por desgracia para Fomento, Renfe y Adif este se juega algo más que una gestión eficiente, ya que es candidato del PSOE en las próximas elecciones. Así que, dentro del drama de ZAV, también les da para hacer política.

Madrid no ha cumplido su palabra de poner todos los suelos en el mercado y a ver qué pasa. O al menos nunca dijo que lo haría por fases. Solo ha impulsado ese objetivo claro de concentrar la oferta residencial junto a la intermodal y la avenida Ciudad de Soria, amparándose en un supuesto interés de empresas privadas que no ha mostrado a su socio minoritario. Así que una recalificación a gran escala de esos suelos supondría un cheque en blanco que el consistorio no está dispuesto a dejar escapar de su control. Quizá por algo que no se le escapa: ¿qué pasará con su 10% legal de aprovechamiento? No porque esté pensando en vender pisos --la VPO ya no se vende mejor que los de renta libre--, sino porque quizá renunciar a ese porcentaje le ayude en el futuro a afrontar mejor sus obligaciones.

INVERSIÓN CERO

Su solución, ya la ha comentado en alguna ocasión a Fomento aunque no lo haya planteado de manera formal al consejo, pasaría por poner todos esos suelos en manos de un fondo inversor extranjero. Algo que sin el ministerio sabe que es imposible lograr. Es más, que debe ser este quien lidere esa búsqueda. Pero no solo no lo hace, sino que, por ahora, ni siquiera lo contempla. ¿Por qué? Porque si para la ministra Ana Pastor empezó siendo un objetivo prioritario al inicio de la legislatura zanjar o reducir al máximo la deuda acumulada por las sociedades estatales o con participación del Estado, ahora los cerca de 150 millones que representa son casi insignificantes en su presupuesto.

Y si, además, con ello consigue que nadie se atreva a toserle por tener un túnel inacabado como el de la A-68, puede evitar gastarse el millón de euros que vale desalojar el Portillo e integrar ese entorno en la ciudad, o incluso no aspirar a ampliar el Cercanías, mejor. Ni un euro para Zaragoza en el 2015. Y si el Cercanías debe llegar a Plaza, que lo pague Rafael Fernández de Alarcón y la DGA. O, como pasaba antes de ZAV, "se estudiará".