La nueva ordenanza municipal sobre contaminación acústica de Zaragoza ha conseguido algo histórico, que todas las asociaciones del sector de la hostelería y el ocio de la capital aragonesa aúnen sus voces para mostrar «unida por el rechazo» más absoluto a una nueva normativa que avanza en los trámites hacia su aprobación en el pleno. Le reprochan al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) que no se les haya pedido opinión para elaborar un marco legal distinto con un criterio técnico que perjudica, dicen, a sus intereses de forma injustificada. «Este es un ataque a la línea de flotación de la dignidad de todo el sector, un paso adelante más hacia la demonización» de su actividad, basada en el ocio y la restauración. Aunque avisan de que este texto supone un «grave riesgo para toda la sociedad».

Así que piden la retirada inmediata y «empezar desde cero» con todos los agentes implicados, no solo ellos, sino también las asociaciones vecinales, empresariales, de comerciantes... Porque «a 25 decibelios no se puede ni respirar fuerte por las noches», afirman, en referencia a uno de los cambios más significativos que es el de reducir el límite por las noches, a partir de las 21.00 horas, desde los 27 actuales.

AL CALOR DE MONCASI

Existe la percepción de que es una ordenanza del ruido surgida al calor de los problemas ocasionados en el Rollo hace unos meses, en el entorno de Moncasi, que ya se ha erradicado y por establecimientos que, afirman, no representan a la gran mayoría del sector. Porque una de las principales quejas que el sector plantea es la responsabilidad compartida o subsidiaria que se les aplica por las molestias que se puedan ocasionar a las puertas de sus locales, por parte de personas que a veces incluso ni siquiera son clientes suyos. Y que podría llegar a afectar a los propietarios de un inmueble que ni siquiera es el que lo ocupa o explota o los técnicos que previamente firman las certificaciones del cumplimiento de requisitos.

Seis colectivos y una sola voz. La Asociación de Cafés y Bares, la de Empresarios de Hoteles y Restaurantes (Horeca), la Plataforma de Empresarios Hosteleros de Aragón (Apeha), la Asociación El Tubo de Zaragoza, la de Aragón en Vivo y la de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas. Todos ellos reclaman una normativa «consensuada, participativa y que aporte seguridad jurídica» para no poner en peligro a un sector que aglutina «más de 4.000 establecimientos» en la ciudad que dan empleo a «más de 20.000 personas».

José Luis Sanz, de Cafés y Bares, destacó el desacuerdo con «el fondo y las formas» de una ordenanza que «es más restrictuiva sin fundamento aparente» que otras de rango superior, como la autonómica o la directiva europea, que dañan a unos locales que son «los primeros interesados en el descanso vecinal».

«No estamos ante un problema urbanístico, sino de orden público que no es competencia nuestra», dijo Sanz, porque si los problemas se ocasionan de puertas para fuera, en la calle, hacerles responsables de que no se produzcan o encargados de evitarlos les «convierte en policías». Es una misión del ayuntamiento que, a su juicio, se desentiende amparándose en sanciones «bastante duras», de hasta 12.000 euros, o de cierre de locales o suspensiones de licencias que pueden llegar a ser de uno o dos años. «Es una culpa subjetiva», añadió.

Jesús Boillos, de Horeca, destacó que pese a la implicación del sector en el impulso dado al turismo o a convertir a Zaragoza en ciudad de congresos, eso «no ha sido suficiente para ser consultados» para esta ordenanza que supone «un impacto en la línea de flotación de la dignidad del sector» que supone «un paso adelante más hacia su demonización». «De existir algún problema con el ruido tenemos claro que no está dentro de nuestras casas», indicó. Y subrayó que hay que analizar «dónde está» y si hay infracciones particulares, no generalizar.

Alberto Campuzano, de Apeha, hizo más hincapié en que esta nueva ordenanza afecta «a toda la sociedad» y urgió al Gobierno de ZeC a «derogarla y empezar una nueva desde cero hablando con todos». Resaltó cómo la norma responsabiliza a «los órganos colegiados que certifiquen» y cómo el endurecimiento de las sanciones puede «paralizar una industria -que generan el 90% del ruido en las ciudades- durante un mes y mandar a la gente a casa». O que faltan medidas concretas con eventos extraordinarios o para los Pilares. «Se legisla pero va a ser imposible cumplir», añadió, para instar a prohibir el botellón si es necesario antes de paralizar una actividad que no tiene culpa del incivismo.

Augusto Forniés, de El Tubo, lamentó que «se pone en peligro hechos tan cotidianos como ir de bar en bar por El Tubo de tapeo», cuando es un aliciente que atrae a turistas, por ejemplo, porque «esta norma no va solo contra los empresarios, sino también contra nuestros clientes». Pablo Cano, de Aragón en Vivo, consideró que «se demoniza al local de una forma abusiva» y que «se ha creado una alarma social que no es tal porque los problemas están tan localizados que podrían ser erradicados de otra forma». «Nos ha costado tanto sobrevivivir, como para que ahora nos intenten destruir», apostilló.

Fernando Izcara, de Salas de fiesta, Baile y Discotecas, recordó que «la tendencia actual tiende a fusionar la tarde con la noche, el tapeo con el ocio» en ese «boom del petardeo» y que quizá los esfuerzos deberían «dirigirse a erradicar el botellón», que es lo que más problemas crea. «Pero no pedir a los locales que se enfrenten a quienes lo hacen», concluyó.