La Iglesia en Aragón no tiene previsto actuar de forma inmediata en la retirada de los símbolos franquistas que todavía quedan en bastantes fachadas de los templos, sobre todo en los pequeños municipios. A pesar de que con la entrada en vigor de la ley de memoria democrática de la comunidad el pasado viernes la exhibición de símbolos relacionados con la dictadura está penada.
Fuentes religiosas explicaron que por el momento no se ha tomado una decisión conjunta y explicaron que la orden final corresponderá, en cada caso, a los obispados correspondientes. Además explicaron que en el contexto actual cualquier gesto relacionado con la memoria histórica puede suponer «reabrir heridas» por lo que abogaron por una solución dialogada.
El propio Gobierno de Aragón está dispuesto a acordar con la institución eclesiástica una retirada de las placas que todavía exaltan la dictadura y que honran únicamente a los muertos del bando franquista durante la guerra civil. «De oficio podríamos poner multas, pero le mejor es lograr un consenso», expresó el director general de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario, Julio Embid. Con unos presupuestos congelados por culpa de la prórroga es difícil poner en marcha el equipo de inspectores que debería señalar unos incumplimientos que, por otra parte, son de sobras conocidos por los listados que han elaborado las asociaciones dedicadas a la memoria histórica.
"ENFOQUE RETRÓGRADO"
Desde la Iglesia aragonesa se indica también que muchas de esas inscripciones y homenajes fueron colocados por el Estado durante los años 40 y que por lo tanto sufragar los costes de la retirada debería repercutir en la misma administración. Para ello se remiten a la carta que publicó el obispo de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero, con motivo de una circular enviada por el senador Carlos Mulet para instar a la retirada de símbolos. «Remover los enfrentamientos desde el lado que sea, en pleno siglo XXI, es un enfoque retrógrado e insensato de la sociedad y de la historia, y no tiene nada de cristiano», escribió.
El Gobierno de Aragón anuncuió que más allá de las relaciones con la iglesia, una de las tareas del Servicio de Memoria que se puso en marcha el viernes será precisamente actualizar el callejero para instar «este mismo año «a los ayuntamientos o entidades públicas la retirada de calles o símbolos franquistas. En caso de incumplimiento, está previsto un régimen sancionador, así como el eventual bloqueo del acceso a subvenciones de la comunidad autónoma. Al menos tres decenas de pueblos conservan todavía placas preconstitucionales.
Otras actuaciones previstas a corto plazo gracias a la nueva legislación son la elaboración de un censo de asociaciones memorialistas, que se podrá consultar en la web específica, completar el mapa de fosas comunes de Aragón, así como el mapa de Lugares de Memoria que está previsto crear e distintos puntos de la comunidad. Otro aspecto destacado es la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los restos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura procedentes de las exhumaciones.
DÍA DE LA MEMORIA
El Día de la Memoria, reservado según la ley para el 3 de marzo en conmemoración del aniversario del bombardeo de Alcañiz, podrá ir variando de lugar de realización a otros municipios afectados por la represión de uno y otro bando.
Y desde el departamento de Presidencia asumen que gracias a la promoción de estos episodios del pasado se puede fomentar un turismo relacionado con la memoria. Se pondrá en marcha un museo de la guerra civil en Teruel y se buscará promover el recuerdo de las cuatro grandes batallas de la comunidad (Belchite, Alcubierre, Bielsa y Teruel). «De una calamidad puede surgir una oportunidad», indicó Embid.
