Las Cortes de Aragón vivieron ayer «un día histórico» con la aprobación de la Ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Una ambiciosa norma que obliga a la Administración a impulsar políticas que den visibilidad al colectivo LGTBi, formación a todos los ámbitos de la sociedad e impide, con fuertes sanciones si es preciso, cualquier discriminación tanto a ellos como a sus familias, como pueden ser los hijos de matrimonios homosexuales en el colegio.

La aprobación del dictamen fue celebrada ayer con una larguísima ovación, por parte de los diputados y de los representantes de los colectivos que acudieron a la tribuna a presenciar la votación. El respaldo al grueso de la norma fue unánime, aunque hubo pequeñas diferencias, «más de fondo que de forma», que quedaron sin aprobar, como que no se incluyera la Q de queer o algunos artículos que el PP veía más «programáticos» que propios de un texto legal que obligará a cualquier Gobierno a partir de ahora.

Salvo estas mínimas discrepancias, todos estuvieron de acuerdo en que esta ley sigue siendo «lamentablemente necesaria», como expuso la diputada popular Carmen Susín.

La ley, presentada por la socialista Pilimar Zamora, cuenta con medidas de desarrollo de normativas en todo tipo de ámbitos para fomentar la información y evitar cualquier discriminación, desde la sanidad a la educación pasando por el deporte, la empresa o la familia. En esta, por ejemplo, considera la no aceptación de la condición sexual de un hijo como situación de riesgo para él, al nivel de la malnutrición. También crea un observatorio para evaluar la implantación de las políticas y sugerir desarrollos o carencias.

En medidas concretas, la norma obliga a cualquier Administración a tratar a una persona con la identidad de género que especifique. También impide a los establecimientos públicos a prohibir el paso por motivo de orientación o expresión sexual, y las sanciones por incumplir esto pueden llegar al cierre.

El régimen sancionador distingue entre sanciones leves (de 200 a 3.000 euros, por expresiones vejatorias en medios públicos o no colaborar con investigaciones de la DGA); graves (hasta 30.000 euros, por acciones como un menosprecio público y notorio a uno de estos colectivos) o muy graves, sancionadas con hasta 50.000 euros. Estas incluirían acciones agresivas (si no son delito), práctica de terapias de reversión o conversión de la homosexualidad o justificar u ocultar la discriminación hacia uno de estos colectivos.