Se acabaron las prórrogas anuales, de las que llevaba ocho. El impuesto de patrimonio se consolida y se mantiene de manera indefinida, anunció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras entregar en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2019. .

Montero explicó que, al darle a este gravamen que pagan unos 200.000 contribuyentes en toda España un carácter estable, «quien quiera suprimirlo tendrá que hacerlo por ley». Las comunidades que mantienen este tributo se vieron beneficiadas por la norma que en el 2013 obligó a los contribuyentes a declarar sus bienes en el exterior, así como la amnistía fiscal del 2012.

El Gobierno deroga el apartado segundo del artículo único del Real Decreto ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el impuesto sobre el patrimonio, con carácter temporal. Eso significa que se convierte en permanente.

En el proyecto de cuentas también se eleva un punto el último tramo de la tarifa estatal del impuesto hasta el 3,5% a partir de bases liquidables a partir de 10.695.996,06 euros. Esta escala es la que se aplica cuando la autonomía no tiene aprobada una propia. El Gobierno estima que el aumento del último tramo aportará 339 millones adicionales a las autonomías. Ambas medidas están dirigidas están dirigidas a «contribuir a la consolidación de las finanzas públicas», según el proyecto.

SUPRIMIDO POR ZAPATERO

Este gravamen, del que hay pocos ejemplos en Europa, fue suprimido por parte del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pero lo resucitó en el 2010 dada la caída de ingresos provocada por la crisis. Desde entonces se ha ido prorrogando su vigencia anualmente. Su desaparación estaba prevista para el 2012, pero se ha ido prorrogando anualmente desde entonces, también por los ejecutivos del PP.

En el apartado de los ingresos, el Gobierno prevé obtener este año 227.356 millones de euros, con un laza del 9,5% respecto al presupeusto del 2018, una cota récord gracias a la subida impositiva a grandes empresas y rentas más altas, y a pesar de que se ha revisado en una décima a la baja la previsión de crecimiento, hasta el 2,2%.

Con estas estimaciones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera financiar unas políticas de gasto que hacen que las partidas sociales supongan 57,3 de cada 100 euros del presupuesto consolidado.

CICLO Y SUBIDAS

El Gobierno fía la financiación de las políticas de gasto a una recaudación impulsada por el ciclo económico (más ralentizado) y la subida de impuestos como el IRPF, por el que se ingresarán 86.454 millones, el 4,9% más, si bien el impuesto de sociedades será el que más suba, con el 14,1%, hasta 27.579 millones.

El IRPF subirá dos puntos para rentas a partir de 130.000 euros y cuatro puntos a partir de 300.000. En el impuesto de sociedades se fija un tipo mínimo del 15% de la base imponible para grandes empresas.

Por el contrario, se rebaja el tipo del 25% al 23% para las que facturan menos de un millón de euros. A su vez se reduce al 10% el IVA de los servicios veterinarios y al 4 % el de los productos de higiene femenina. Con todo crecerá el 11,7% la recaudación por el IVA, hasta 78.307 millones. El impuesto especial sobre el gasóleo aumenta en 3,8 céntimos por litro.

En las previsiones de ingresos también se contemplan 1.200 millones del nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales y 850 millones del que grava las transacciones financieras, si bien ambas figuras todavía están pendientes de tramitación como proyectos de ley. hacen que las nuevas medidas de ingresos, incluyendo las figuras impositivas de nueva creación, aporten en un año completo un total de 5.654 millones de euros, según estima Hacienda.