El tribunal absuelve a S. C. L. --defendido por la penalista Cristina Ruiz-Galbe-- de los cargos de fraude y de estafa que le imputó la Fiscalía por haberle colocado al alcalde de Mallén, Antonio Asín, unos trabajos que califica de "raquíticos" y de los que dice que "no engañan a nadie". Los jueces admiten que el acusado no debería haber estado en el banquillo y que podrían haber declarado prescrito el fraude al inicio de la vista. Al acabar, y "buscando eludir la prescripción", el fiscal calificó los hechos como estafa, algo que no existió: la "parquedad, escasez y vacuidad" de los informes impide cualquier engaño.
